El Bloque Coalición Cívica ARI-Cambiemos presentó un proyecto de comunicación dirigido al Poder Judicial de Río Negro y al Ministerio Público Fiscal, solicitando el estricto cumplimiento del artículo 26 de la Ley Nacional N° 26.485.
Esta normativa busca evitar que los presuntos agresores tengan acceso o disponibilidad de armas, como medida preventiva contra potenciales femicidios.
La Ley Nacional N° 26.485, promulgada en abril de 2009, establece en su artículo 26, inciso a.4, la prohibición de compra y tenencia de armas por parte del presunto agresor y el secuestro de las que ya estén en su posesión.
Los legisladores subrayan la importancia de que el Poder Judicial implemente rigurosamente esta medida, entre otras cautelares, para proteger a las potenciales víctimas de violencia de género.
Los femicidios representan uno de los problemas más graves de la sociedad actual. En Argentina, se registran más de 250 femicidios al año. La provincia de Río Negro no es ajena a esta preocupante realidad, con 19 casos de femicidios registrados entre 2017 y 2022.
Es fundamental que se tomen todas las medidas necesarias para prevenir estos crímenes y proteger a las mujeres de la violencia de género, reforzando el cumplimiento de las leyes vigentes y garantizando la seguridad de las potenciales víctimas.
