La concejala Vanesa Carmona propuso crear el registro público de denuncias presentadas contra funcionarios y funcionarias electos y designados de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y de Contralor de la Municipalidad de San Antonio Oeste y funcionarios surgidos por mandato de la Carta Orgánica Municipal, por situaciones vinculadas a violencia de género.
Dicho listado se implementará dentro de la órbita de la Secretaría de Gobierno, en articulación con el Consejo de la Mujer, Género y Diversidades.
El objeto de la propuesta es incluir las denuncias presentadas sobre situaciones tales como la vulneración o afectación de derechos por actos discriminatorios, la inobservancia manifiesta de la normativa nacional, provincial y municipal en materia de género, en el dictado de actos institucionales y administrativos y la obstaculización, mediante retardo o impedimento, en trámites institucionales o administrativos.
La Secretaría de Gobierno deberá habilitar el Registro mediante los procedimientos administrativos vigentes, notificar a los funcionarios electos y designados de la vigencia de la ordenanza, organizar talleres de capacitación sobre violencia de género a los funcionarios municipales y llevar un digesto sobre la totalidad de normativas nacionales, provinciales y municipales referidas a la temática de violencia de género.
Por su parte la Asesoría Legal del Poder Ejecutivo Municipal procederá a remitir las denuncias al ámbito judicial que corresponda.
“Esta iniciativa encuentra su sustento, no sólo en las obligaciones asumidas por el Estado, sino también en la imperiosa necesidad de comenzar a generar cambios estructurales en la administración pública, en su relación con los ciudadanos en general y en particular con las mujeres”, expresó Carmona.
Agregó que “en determinadas circunstancias, hay mujeres que realizan trámites o peticiones en ámbitos de la esfera municipal, donde tienen interacción directa o indirecta con funcionarios hombres; produciéndose a veces, momentos de tensión con subestimación, indiferencia y malos tratos verbales, constituyendo situaciones que se encuadran en micromachismo”.
“Esos funcionarios, con ese tipo de actuación, no están preparados para cumplir su rol gubernamental, por lo cual esas conductas no pueden quedar impunes y el Estado municipal debe crear un ámbito donde estén asentadas, para proceder en consecuencia en los ámbitos judiciales correspondientes”, concluyó.
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