La legisladora Magdalena Odarda en conjunto con Ayelén Spósito del bloque «Vamos con Todos» ha anunciado la presentación de un proyecto de ley para derogar el contrato secreto firmado entre la exgobernadora Arabela Carreras y la empresa israelí Mekorot.
Este movimiento sigue una investigación impulsada por los legisladores del mismo bloque, que reveló detalles alarmantes sobre el acuerdo.
La investigación, basada en la solicitud de información pública realizada por Magdalena Odarda, Ayelén Spósito, José Luis Berros, Luciano Delgado Sempé y Fabián Pilquinao, puso al descubierto que el contrato, firmado en febrero de 2023, concede a Mekorot la propiedad intelectual de la información hídrica y geológica de Río Negro. Además, garantiza inmunidad a su personal y estipula que cualquier disputa se resolverá en Inglaterra bajo las leyes de ese país, con una estricta cláusula de confidencialidad que abarca todos los términos del convenio.
El objetivo declarado del contrato era la consultoría para diseñar un Plan Maestro para el manejo de los recursos hídricos y el saneamiento en la provincia. Sin embargo, la cláusula octava otorga a Mekorot la exclusividad sobre toda la información recopilada, dejando a Río Negro sin control sobre su propio conocimiento hídrico y geológico. Esta disposición viola el principio constitucional de transparencia y publicidad de los actos gubernamentales.
Otra cláusula polémica es la catorce, que exonera a Mekorot de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios derivados de su trabajo, trasladando toda la responsabilidad a la provincia. Además, la cláusula once establece que cualquier controversia se resolverá en Inglaterra conforme a las leyes inglesas, lo cual es preocupante dado el contexto de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas.
Magdalena Odarda subrayó la importancia de la transparencia en los asuntos relacionados con los bienes naturales comunes. «Cuando están en juego los bienes naturales comunes, y sobre todo bienes de dominio público como el agua, la información debe ser pública y todo debe realizarse de cara a la sociedad. Además, resulta de alta preocupación que en este preciso momento técnicos extranjeros estén trabajando en territorio argentino recopilando información calificada y de interés público para los intereses de la provincia. Si el objetivo de este convenio era elaborar un plan maestro para el uso del agua, para ello están las Universidades Nacionales y los organismos del Estado provincial.»
En respuesta a estas preocupaciones, Odarda ingresará a la Legislatura un proyecto de ley para derogar este convenio, al que califica de inconstitucional. El contrato, que está vigente hasta octubre de 2024, puede ser prorrogado indefinidamente, lo que aumenta la urgencia de su revisión y derogación.
Odarda también expresó su preocupación por la transferencia de información crítica sobre los recursos naturales de Río Negro a un estado extranjero con antecedentes controvertidos en el manejo del agua en Palestina. La legisladora insiste en que este contrato debe ser revisado y sometido a un escrutinio público detallado para proteger los intereses de la provincia y asegurar la soberanía sobre sus recursos naturales.