El abogado como referente de esta nueva iniciativa, detalló el proyecto de reapertura, la modalidad cooperativa para volver a producir, el origen del recurso y su postura sobre los reclamos laborales pendientes. Aseguró que la planta ya está en condiciones de operar y pidió acompañamiento institucional sin trabas.
Edgardo Corvalán confirmó la reapertura y puesta en marcha de la planta pesquera Río Salado, a la que definió como “una de las más importantes que he conocido para trabajar”, y remarcó que el eje del proyecto será la generación de empleo local, en línea con la ley de pesca provincial que, según señaló, es única en el país por otorgar permisos a las plantas con el objetivo de crear mano de obra en origen.
El proyecto se sostiene, según explicó, en una inversión privada significativa destinada a saldar deudas críticas —como el suministro eléctrico— y a la puesta en valor integral de la planta. “Soy un inquilino dentro del expediente concursal. Alquilé esto, puse dinero propio y de otras personas que creyeron en el proyecto. Afrontamos deudas enormes, incluso un sabotaje en el que nos robaron todos los cables, pero hoy la planta está prácticamente nueva y en condiciones de producir”, afirmó.
Corvalán aseguró que ya hay más de 20 personas trabajando desde agosto, con salarios al día, y que el número seguirá creciendo. En ese marco, respondió a la preocupación de ex trabajadores de Río Salado y Olgrec Fish por deudas salariales e indemnizaciones. “Tenemos un compromiso ético y moral de dar prioridad a la gente que trabajó acá. No tenemos vinculación legal con los compromisos laborales anteriores, pero sí la voluntad de integrarlos”, aclaró.
La modalidad elegida para avanzar será a través de un esquema cooperativo. Según detalló, se trabaja con una cooperativa ya constituida, presidida por Andrés Cerda, que cuenta con un proyecto pesquero propio. “La cooperativa utilizará la planta y las instalaciones para desarrollar su proyecto. Ellos mismos diseñarán un sistema que les permita cobrar por su trabajo y, además, generar un fondo de recuperación o indemnización, sin perder derechos ni dejar de lado los reclamos legales que correspondan”, explicó.
En su rol de abogado, Corvalán fue contundente respecto de la situación judicial: “Para que exista un juicio laboral tiene que haber un expediente. En el expediente concursal no he visto reclamos laborales ni números de causa. Me hago responsable de lo que digo”. No obstante, aclaró que no se involucrará en ese proceso para evitar responsabilidades solidarias: “No le debo nada a nadie. Voy a pagar un alquiler con producción por cinco años, con opción a compra”.
Respecto al abastecimiento de materia prima, reconoció que el golfo atraviesa un momento complejo y que será necesario traer pescado de otras jurisdicciones. “Hay que traer recurso de Nación y aprovechar cuando la naturaleza permita que aparezca en el golfo. Tengo demanda fuerte para Estados Unidos y Brasil, especialmente de filete y merluza fresca”, indicó.
En ese sentido, subrayó la necesidad de recuperar licencias comerciales hoy suspendidas y pidió acompañamiento institucional. “No pido subsidios ni plata. Solo que no nos pongan trabas. Tuvimos que afrontar más de 160 millones de pesos sin ayuda de nadie”, expresó.
Corvalán adelantó que espera mantener reuniones con autoridades provinciales y municipales para destrabar cuestiones administrativas y comenzar formalmente la producción. “Vivo acá, mi familia es de acá, decidí quedarme en San Antonio. No me escondo de nadie. Que vengan, recorran la planta, vean cómo está. Empezamos en agosto y hoy la planta está lista”, sostuvo.
Finalmente, remarcó la importancia social del proyecto: “Con la planta funcionando hay más posibilidades de que la gente cobre que con la planta cerrada. Las opciones son pocas: o nos quedamos mirando cómo la riqueza pasa por otro lado, o nos ponemos a trabajar. Esta es una oportunidad para todos”.
