La legisladora Ayelén Spósito, de Vamos con Todos, solicitó que el organismo promueva un amparo colectivo, siguiendo el ejemplo de otras provincias
La legisladora del bloque Vamos con Todos, Ayelén Spósito, presentó un proyecto de Comunicación dirigido a la Defensoría del Pueblo de Río Negro promueva una acción de amparo colectivo ante la Justicia Federal en defensa de las personas con discapacidad cuyas Pensiones No Contributivas (PNC) fueron suspendidas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La iniciativa surge ante la creciente cantidad de reclamos por interrupciones “arbitrarias e injustificadas” de estas prestaciones, que —según explicó Spósito— afectan a miles de beneficiarios en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica. En el espacio de asesoramiento del bloque legislativo se habrían registrado decenas de casos en distintos puntos de la provincia.
“El organismo provincial tomó conocimiento de estos reclamos, pero sólo avanza con gestiones administrativas. Entendemos que es momento de dar un paso más y presentar amparos colectivos que garanticen la restitución de los beneficios y la tutela judicial efectiva”, sostuvo la legisladora.
El pedido de Spósito toma como referencia antecedentes recientes en otras jurisdicciones, como el de la Defensoría del Pueblo de Tucumán, que interpuso una acción de amparo contra la ANDIS en septiembre, logrando resultados favorables en la Justicia Federal. También en Catamarca, el organismo provincial presentó una medida similar que derivó en la restitución de pensiones suspendidas.
En Río Negro, la Justicia Federal de Viedma ya dictó un fallo ordenando la restitución inmediata de pensiones no contributivas suspendidas, con plazo de cumplimiento de cinco días y sanciones económicas por demoras, a partir de un amparo impulsado por asociaciones civiles de Bariloche con acompañamiento del bloque Vamos con Todos.
“La suspensión masiva de pensiones constituye un acto ilegal y violatorio de derechos humanos —advirtió Spósito—. Al privar a personas con discapacidad de un ingreso mínimo indispensable, el Gobierno nacional incumple la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el principio de no regresividad en materia de derechos sociales”.
Finalmente, la legisladora rionegrina señaló que el bloque continuará acompañando los reclamos y que “uniendo esfuerzos institucionales es posible defender de manera más eficaz los derechos de las personas con discapacidad, hoy gravemente afectadas por decisiones arbitrarias del gobierno de Javier Milei”.
