Estudios demuestran que aumentar penas y reducir la edad de imputabilidad no contribuye a la disminución de la criminalidad.
“Consideramos esta propuesta como inconstitucional y regresiva, ya que atenta contra las normas internacionales ratificadas por Argentina”, indicó Ayelén Spósito, autora del proyecto de Comunicación presentado en la Legislatura junto a sus pares de bancada que repudia la presentación en el Congreso de un proyecto que pretende bajar la edad de imputabilidad.
Los derechos humanos deben ser progresivos y no regresivos, respetando los acuerdos y convenciones internacionales en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Diversos estudios demuestran que aumentar las penas y reducir la edad de imputabilidad no contribuye a la disminución de los índices de criminalidad. En Argentina, la participación de menores de 16 años en actos delictivos graves es ínfima, representando solo el 1% del total de delitos graves.
“Estamos profundamente convencidos de que medidas como éstas refuerzan estereotipos y discursos anacrónicos en torno a la juventud y el delito, acentuando perspectivas represivas en torno a la seguridad. En vez de adoptar políticas punitivistas, es prioritario avanzar en soluciones inclusivas y fortalecer el sistema de protección de derechos. Es esencial generar una estructura estatal que permita una coordinación y abordaje interdisciplinario sobre esta problemática, abordando las causas profundas de la violencia y la criminalidad mediante una colaboración integrada entre los distintos niveles del gobierno y las instituciones responsables”, aseguró Spósito.
Agrega el proyecto de Comunicación en sus fundamentos que “en el contexto actual de recesión y achicamiento del Estado planteado por el gobierno de Javier Milei, estas herramientas de contención parecen extinguirse. El ajuste económico y el recorte de programas sociales solo agudizan la grave crisis social y económica que atraviesa nuestro país. Mientras los sectores más vulnerables enfrentan una situación crítica, el poder ejecutivo nacional responde con represión social y la implementación de la doctrina de mano dura”.
“Múltiples organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, ONG y distintos grupos civiles han expresado su rechazo a este nuevo intento de baja de edad de imputabilidad. Desde Vamos Con Todos nos sumamos a este rechazo, considerando que atenta contra los pactos y convenios internacionales a los que adhiere nuestra constitución nacional y constituye una grave vulneración de los derechos humanos”, concluyó la autora.