Desde el bloque legislativo volvieron a exigir al gobierno provincial que adopte “medidas urgentes y necesarias” para atender al sector turístico, uno de los más castigados por el freno puesto a la actividad durante la pandemia Covid-19, y pidieron el inmediato tratamiento del proyecto de ley presentado por la bancada, el cual lleva más de un mes trabado por el oficialismo.
La iniciativa para declarar hasta fin de año la Emergencia Turística en Río Negro, impulsada a comienzos de mayo por los legisladores del Frente de Todos, propone un conjunto de medidas para auxiliar a empresas y prestadores de servicios turísticos de Río Negro, ya que es uno de los sectores que más va a tardar en reactivarse en este marco complejo.
No obstante, a pesar de la grave crisis del sector, y con la temporada invernal a punto de comenzar, el gobierno provincial no ha presentado ningún plan de contingencia y el bloque del oficialismo en la Legislatura demora el tratamiento de la norma que podría llevar alivio a los prestadores turísticos.
Según datos de la Cámara de Comercio de Bariloche, de las 5.007 empresas existentes en esa ciudad, un 47,2% corresponde al rubro de comercio por mayor y menor que genera una facturación declarada de 1.700 millones de pesos mensuales en promedio.
Durante el receso impuesto por la pandemia a partir del 20 de marzo pasado, se estima que la actividad se derrumbó en un 80 por ciento, lo que representa una pérdida de 1360 millones de pesos, solo para la actividad comercial en la ciudad.
Por su parte, la Cámara de Turismo de Bariloche, dio a conocer un informe que refleja que las pérdidas en facturación -estimadas a junio- alcanzaron los 2.415 millones de pesos.
En tanto la secretaría municipal de Turismo, cifró en 5 mil millones de pesos los ingresos producto del turismo brasileño a la ciudad durante 2019, algo que no sucederá este año.
En Río Negro el Turismo genera más de 60 mil puestos de trabajo estable, hoy en riesgo a causa de la crisis.
El proyecto de Ley N° 204/2020 impulsado por el Frente de Todos ingresó a la Legislatura el pasado 5 de mayo, pero hasta ahora no ha sido tratado en las comisiones parlamentarias y el oficialismo no da muestras de querer habilitar su discusión en el recinto en el corto plazo.
Entre otros aspectos, la norma plantea la prórroga del vencimiento del pago de los impuestos, planes de regularización de obligaciones tributarias, suspensión de ejecuciones, otorgamiento de líneas de crédito en condiciones diferenciales, aportes directos a través de subsidios y toda otra medida que a criterio del Poder Ejecutivo Provincial proteja las fuentes de empleo y la continuidad de las empresas.
La titular del bloque, María Eugenia Martini advirtió que “demorar el tratamiento de la emergencia en este contexto, es ignorar la importancia que tiene el sector turístico en términos de fuentes de empleo e ingresos para la provincia. Lo cual equivale a eludir la responsabilidad que debe asumir el Estado Provincial”.
“Las únicas respuestas para el sector son las medidas adoptadas por el gobierno nacional”, señaló Martini, “mientras la provincia, que es la principal afectada, observa la situación sin hacerse cargo. Si acaso el gobierno Provincial ha pensado en un plan de emergencia, ni los trabajadores, ni los empresarios, ni esta oposición política lo conocemos. Hasta ahora no hay nada”.
“El sector turístico es uno de los más perjudicados con la parálisis total de la actividad y aún no hay certeza sobre cuándo podrá volver a normalizarse”, concluyó Martini, “son circunstancias extremas que demandan ya mismo la declaración del estado de emergencia en Río Negro. La situación de crisis está a la vista para quien quiera verla. Esos son nuestros argumentos, y por eso exigimos el urgente tratamiento de este proyecto”, concluyó.