Cuando no se cumple un compromiso legal desde la política, esto posee un mensaje contundente: “Estafa Moral”. La “No Remediación”, de los metales pesados en la ciudad de San Antonio Oeste, Río Negro, se agravó y la falta de respuestas satisfactorias (dar una solución final) están muy lejos. Desde la comunidad se habla de humillación y fraude. El abandono del gobierno, anterior y actual, a esta ciudad de 30 mil habitantes se convirtió en una lamentable situación que cachetea a la industria minera responsable.
En mi opinión, la estafa moral del Estado debería ser tipificada con claridad y certeza en el Código Penal de la Nación.
El fraude puede ser definido como un quebrantamiento que se ejecuta contra el patrimonio o la propiedad, pero también contra la buena fe, esto se trasluce en el abuso de confianza por la acción de una mentira.
Lo que podríamos definir hoy como engaño, nace, se desarrolla y perdura desde el mismo Estado.
La situación planteada en San Antonio Oeste, por la no remediación de los pasivos ambientales contaminantes que fueran depositados en el corazón del pueblo por la fundición Geotécnica, está perfilándose como una doble calamidad.
Primero, por haber sido afectado grandes zonas urbanas por los metales pesados que dejara una empresa minera entre los años 1950 y 1970. En segundo lugar agravado por la indiferencia y abandono de las autoridades mineras del gobierno nacional.
Desde el año 2008 desde los estados Provincial y Nacional se llenaron de discursos sobre las inversiones y financiamiento externo que se habían obtenido para poner punto final a este flagelo. Palabras, discursos, actas y compromisos firmados al por mayor. Con el agravante de haberse gastaron 11 millones de US$ en diez años sin lograr nada, absolutamente nada.
La primera etapa fue encaminada por el procesado serial, ex secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral que despilfarró 8,4 millones de dólares y jamás se acercó a un arreglo de la fallida obra. Además, este individuo, nunca rindió cuentas de sus actos y lo peor, dejó verdaderos desaguisados que dan vueltas en etapas administrativas, zonas burocráticas, que no han obtenido respuestas claras. A esta altura nadie vio nada, nadie firmó nada y nadie está procesado por nada. Eso sí, del dinero tampoco nadie sabe nada. Se fue de la función pública en 2015 y todavía no existe ningún expediente que evalúe su actuación. ¿Será complicidad o más inoperancia?
Después llegó Daniel Meilan quien le dio continuidad a esa política de Estado, de remediar los desastres de una minería que había hecho mal las cosas. Estuvo en funciones durante 30 meses, siendo muy consciente de la gravedad que se padecía en la zona, tampoco hizo absolutamente anda. Consiguió más crédito, (léase deuda externa), y comenzaron a remediar lo que se había proyectado en la gestión anterior. Para tal fin contrató a un vieja amiga geóloga, Carolina del Valle. Vale recalcar, que casualmente esta profesional, trabajó para la empresa URS, quien fue la responsable de los estudios y proyecciones de la fallida remediación.. Conclusión, como funcionaria de staf de Meilán, Del Valle cumplió los lineamientos que su anterior contratante había realizado. Las consecuencias fueron muy nocivas, ya que a mitad del trabajo, primero informaron que no había más dinero para completar la remediación; después que hubo errores de cálculo de los residuos a remover y como si fuera poco, los últimos análisis de medición de metales pesados en atmósfera en zonas removidas, pero no remediadas, aseguran que se aumentaron considerablemente la contaminación de los suelos. Algo que los vecinos sanantonienses se enteraron en los últimos días.
Como se podrán imaginar, a esta altura, pasaron diez años. En lugar de festejar una a favor de los afectados, se potenciaron los peligros, se acrecentó el grado de desconfianza y no se descarta que a corto plazo las autoridades provinciales “deban declarar la emergencia sanitaria en las zonas afectadas”.
Aquí no termina esta lamentable historia.
Las actuales autoridades nacionales, encabezadas por Carolina Sánchez no están ajenas a los lineamientos de las viejas conductas emanadas desde la Secretaría de Minería de la Nación por sus dos antecesores.
Ella decidió abordar desde mensajes “amigables” a los representantes de la Multisectorial del Plomo de San Antonio Oeste, pero en los hechos fue re coherente con sus antecesores, no hizo nada.
Pasaron siete meses desde que asumió, pero de un gobierno que cumplió tres años, y jamás pidió un informe minucioso que hiciera público, y tampoco abordó el tema con decisión. Pese a las advertencias de los vecinos de esta ciudad rionegrina, ignoró los planteos. Nunca aceptó que desde una comunidad de 30 mil habitantes se desafiara a la autoridad esgrimiendo todo lo mal hecho desde el Estado hasta el presente.
Ninguna vez reparó en que las inquietudes de los sanantonienses provenían de vecinos graduados de ingenieros, geólogos, biólogos y médicos. Estos le advirtieron y detallaron los garrafales errores cometidos por los profesionales de su área. También dejaron muy en claro la mala praxis ejecutada. Primero por la empresa Geotécnica, después por el Estado nacional en sus distintas expresiones ideológicas.
La falta de idoneidad y la desbordante hipocresía los aúna. No es cuestión de ideología, esto se llama falta de compromiso y dejadez.
En San Antonio Oeste, se habla desde hace rato de la estafa moral de la Secretaría de Minería. Para ellos, lo actuado por Mayoral, Meilán y Sánchez es lo mismo.
Desde Chubut los adherentes al “No a la Mina” ponen a Mina Gonzalito y su correlato en San Antonio Oeste, con lo que sucedería en esa provincia si se habilita a esta industria.
El inviable discurso de una minería sustentable y amigable con el medio ambiente aquí estalla y se volatiliza por toda la República. Opacando las potencialidades de desarrollo genuino que puede traer esta industria, que como todos saben, es muy cuestionada.
La irresponsabilidad de los funcionarios actuantes en los últimos años, la sospecha de cohecho, la mala praxis, la ausencia del Estado, la falta de racionalidad para enfrentar una cuestión de salud pública y de remediación ambiental, son adversas al bien común. Además dejan la sensación que desprecian a quienes contribuyen para que ellos perciban sueldos.
Para demostrar qué tipo actitud pretende, los funcionarios actuales y anteriores quisieron siempre ganar tiempo, para lo cual pretendieron fallidamente, anular el amparo presentado ante la jueza Federal de Viedma por la Multisectorial, el que recientemente fuera ratificado en la Cámara Federal de General Roca.
Esta bocanada de aire puro es un contundente guiñó judicial de los jueces para desbancar y arruinar la intención de llevar el tema a la Corte Suprema de Justicia. Perdió la secretaría de Minería, ganó la gente.
La justicia federal lo dice claramente: Deben consumar los compromisos firmados por cada funcionario. Esos actos son de absoluta legalidad y obligación…
La sociedad exige que se cumpla con la remediación. Que haya una seria intervención de la justicia para que se profundice lo ocurrido en estos diez años. Se sepa en qué, cómo, cuándo y dónde se gastaron los fondos públicos. Qua haya castigo a los que son los responsables y dueños absolutos de esta mala praxis social.
En definitiva, que se cumpla lo pactado y sean judicializados los responsables de supuestas irregularidades. Hay que hacerse cargo. Basta de hipocresías.
Es hora que el diputado nacional por Río Negro, Sergio Wiski de su opinión al respecto. Que lo mismo haga el gobernador Alberto Weretilnek y que la señora trasparencia, Laura Alonso, pase por Avenida Roca 351 de CABA e investigue sobre incompatibilidad profesional; responsabilidad de funcionarios público y a todos los burócratas que tienen su cuota parte en esta lamentable historia donde el protagonista es el Estado.
Aquí existen 30 mil sanantonienses afectados. También vale recordad que los garantes del pago de la deuda externa que significó esta obra no concluida, son todos los argentinos que esperamos respuestas.
Por último agradecer el tiempo y la dedicación de todos los que componente la Multisectorial del Plomo. Cada acto que realizan permite que haya más conciencia de cómo maltrata el funcionario de turno la racionalidad del pueblo. Que cada gestión es en beneficio de los vecinos. Participar y no bajar los brazos es algo para imitar. Y sin duda fueron la muralla que impidió el olvido. Gracias. (Prensa GeoMinera diciembre de 2018)
QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA
