La multisectorial de vecinos señaló en un comunicado, tras el anuncio del Gobierno Provincial y Municipal por la firma de un nuevo acuerdo, a través del cual la Secretaría de Minería de la Nación, en realidad compromete hacer sólo lo que le fue ordenado judicialmente.
En respuesta a una medida cautelar presentada en 2018 por representantes de la Comisión Multisectorial con el acompañamiento de las firmas de más de mil vecinos del Municipio y el patrocinio letrado de Miguel Galindo Roldán, el Juzgado Federal de Viedma ordenó a la Secretaría de Minería de la Nación “que arbitre en forma urgente las medidas necesarias para remediar los sitios contaminados identificados como calles y veredas de las Manzanas 383 y 384 de San Antonio Oeste”.
La medida fue posteriormente ratificada por la Cámara Federal, pero ante su incumplimiento por parte del Estado Nacional, el Juzgado Federal le ordenó en marzo de 2019 “que informe las medidas concretas para el cumplimiento efectivo y eficaz de la orden dada, (…) bajo apercibimiento de evaluar las conductas de los responsables como incursas en desobediencia civil”.
Y finalmente en mayo de este año, el Juez Federal subrogante, Ernesto Pedro Sebastián, ordenó: “hágase saber a la demandada que se encuentra vigente la eventualidad de hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en fecha 29.03.2019 en la medida en que se advierta falta de impulso hasta su efectiva concreción (…), conforme la obligación de remediación impuesta en la resolución cautelar cuyo objeto aún permanece incumplido, a pesar de mantenerse el riesgo en la salud de los afectados por el pasivo ambiental persistente. Y en consecuencia, hagáse saber también a la demandada que deberá informar a este Juzgado Federal cada treinta (30) días sobre los avances (…)”.
Lo grave es que a través de los acuerdos firmados este año, la Provincia y el Municipio permitieron a la Secretaría de Minería de la Nación hacer desaparecer los compromisos que ésta había asumido en 2016 para la remediación del total de los sitios contaminados en San Antonio Oeste, con lo cual, La Estanciera y El Autódromo, que presentan un altísimo grado de contaminación, podrían quedar en el estado en que se encuentran. Esta es la situación sobre la que el pleno de la Legislatura rionegrina intentó alertar al Gobierno que, sin embargo, aparentemente prefirió desoírla.
Si se trató de una negociación, San Antonio salió perdiendo.
Por lo expuesto, nos vemos en la obligación de comunicar que, si bien celebraríamos una aparente decisión de la Secretaría de Minería de la Nación de cumplir lo que le fue ordenado, – disponiendo de una cierta cantidad de dinero que podría o no ser suficiente-, sabemos que realmente la misma no tenía posibilidades de seguir dilatando mucho más esta situación.
Pero sabemos además que, si de esto se trata, fue posible gracias a las órdenes judiciales que se vienen sucediendo desde 2018, las numerosas gestiones llevadas adelante por esta Comisión de vecinos ante diferentes autoridades, el involucramiento de los medios locales, provinciales y nacionales y el contundente y unánime pedido de la Legislatura Rionegrina, exigiendo al Gobierno Nacional que cumpla con su obligación para con la remediación ambiental.
Debemos advertir, asimismo, que por el momento sólo se trata de la firma de un convenio, uno más de los muchos que se han celebrado, incluso con afectación de fondos de mucha mayor cuantía, a pesar de todos los cuales el plomo sigue estando entre nosotros. Y debemos señalar además que hasta el momento no existe un proyecto de remediación por lo que tampoco se puede definir un presupuesto, no hay información sobre cuándo se producirá el inicio de la obra, ni cuánto tiempo demandará ejecutarla.
Así las cosas, mientras se describen reuniones, comunicaciones, notas y acuerdos y se firman convenios, los niños de San Antonio siguen expuestos a los tóxicos.
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