El intendente Adrián Casadei mantuvo una reunión con el gremio del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Patagonia (SPIQyP), en la que se abordó la grave situación que enfrentan los trabajadores. Por su parte, el vicegobernador Pedro Pesatti destacó que “el gobierno nacional tiene la obligación de proteger esta industria”.
Durante el encuentro, el intendente Casadei expresó su compromiso de trabajar de manera conjunta con los trabajadores, el Estado Provincial y el Municipal para encontrar una solución que garantice la continuidad de la industria. “Es importante destacar que esta industria es un eje económico fundamental para la localidad y la región. Por ello, es esencial hallar una solución que permita su funcionamiento continuo. A través de la empresa, se buscará una salida que beneficie a todos los involucrados y mantenga la actividad industrial”, afirmó.
En este contexto, Pesatti señaló: “Casi 500 trabajadores ven amenazados sus empleos debido a que las importaciones ponen en riesgo la producción nacional”. Además, agregó: “Son muchos los intereses que amenazan y atacan esta producción rionegrina, la cual posiciona a nuestra provincia a la vanguardia en el desarrollo de materias primas industriales”.
El vicegobernador enfatizó: “El gobierno nacional tiene la obligación de proteger esta industria como un recurso estratégico y garantizar su continuidad, revisando su política de apertura indiscriminada que afecta directamente al trabajo argentino”. Asimismo, sostuvo: “En muchas ocasiones, los patagónicos hemos defendido la construcción de un país más federal. Esta defensa es día a día y la hacemos todos, con el trabajo cotidiano. Producir desde el interior es defender el crecimiento y el desarrollo equilibrado de la Nación”.
Cabe mencionar que, en la reunión realizada el lunes con la participación de representantes de la empresa y del SPIQyP, se acordó un cuarto intermedio, con el compromiso de retomar las conversaciones en los próximos días.
Durante el encuentro, la empresa solicitó el tratamiento del Procedimiento Preventivo de Crisis, un recurso previsto en la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 24.013, artículos 98 a 105), que permite a las compañías afrontar dificultades económicas sin afectar drásticamente el empleo.
Por su parte, el sindicato manifestó su disposición a debatir y buscar consensos, pero insistió en la necesidad de establecer garantías que protejan los derechos de los trabajadores. En este marco, la Secretaría de Trabajo remarcó la importancia de mantener las fuentes de empleo mientras se analizan soluciones definitivas para la empresa.
Las posturas presentadas por ambas partes serán evaluadas en la próxima audiencia, en la que se espera avanzar hacia un acuerdo que brinde previsibilidad a los trabajadores y al sector productivo de la región.
