Esta medida será solicitada por el ejecutivo al parlamento para que sea tratada como ley buscando reforzar la sostenibilidad financiera del sistema de salud pública, el proyecto propone la creación del “Régimen de Recupero de Fondos por Servicios Asistenciales del Sistema de Salud Pública”.
Esta propuesta, que fue firmada con el Acuerdo General de Ministros, según detallan, surge como respuesta a la creciente necesidad de recursos financieros para mantener y mejorar los servicios médicos que brindan los hospitales públicos provinciales.
Una Solución para el Sistema de Salud Pública de Río Negro
El gobernador Alberto Edgardo Weretilneck, acompañado de su equipo de ministros, lideró la presentación de esta iniciativa legislativa con el objetivo de que la Legislatura apruebe la medida con la celeridad que la situación amerita. El Régimen de Recupero de Fondos, según el documento presentado, permitiría a los hospitales públicos de Río Negro cobrar a terceros, como obras sociales y seguros médicos, por los servicios de atención prestados a sus afiliados en los establecimientos de salud pública. Este sistema busca compensar los costos asociados con servicios clínicos, quirúrgicos, farmacéuticos, de traslado y cualquier otro gasto relacionado con la atención de pacientes que cuentan con cobertura de salud.
La propuesta fue elaborada en el contexto de una nueva política a nivel nacional que desvincula al Gobierno Central de la intermediación de pagos por prestaciones de salud. Anteriormente, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) gestionaba estos reembolsos a los hospitales por la atención de afiliados de obras sociales. Sin embargo, con el retiro de esta función, los hospitales han tenido que asumir los costos, lo que ha puesto en riesgo su capacidad para brindar servicios médicos sin comprometer su estabilidad financiera.
Fundamentos del Proyecto de Ley
La creación del Régimen de Recupero de Fondos se justifica en varios puntos fundamentales que refuerzan la equidad, la sostenibilidad y la solidaridad en el sistema de salud pública.
Equidad en el Acceso a la Salud: Uno de los principios rectores de esta iniciativa es asegurar que las obras sociales y otras empresas aseguradoras, conocidas en el proyecto como “terceros pagadores”, cumplan con sus responsabilidades financieras y reembolsen los costos de atención médica que los hospitales públicos asumen en beneficio de sus afiliados. Según el documento, la falta de un sistema de recupero afecta el equilibrio financiero del sector público, al obligar a los hospitales a absorber gastos que corresponden a entidades privadas.
Sostenibilidad Financiera del Sistema de Salud Pública: La provincia ha invertido más de tres mil millones de pesos en el sistema de salud durante el año 2024, cubriendo gastos en medicamentos, insumos médicos y mejoras de infraestructura. Estas inversiones buscan garantizar que la atención médica siga siendo pública y gratuita para todos los rionegrinos, a la vez que permiten al sistema continuar operando de manera eficiente y sin interrupciones. No obstante, la falta de un mecanismo de recupero de fondos complica el mantenimiento a largo plazo de estas inversiones.
Principio de Solidaridad y Corresponsabilidad: La salud pública se sostiene en los principios de solidaridad y corresponsabilidad, que implican que todos los actores del sistema, incluidos los terceros pagadores, deben contribuir proporcionalmente al financiamiento del sistema. La nueva ley busca fortalecer este principio, al exigir que las obras sociales y aseguradoras reembolsen a los hospitales los costos asociados a la atención de sus afiliados.
Alcance del Régimen y Sujetos Obligados al Pago
El proyecto de ley establece que serán sujetos obligados al pago del régimen de recupero aquellas entidades que ofrezcan servicios de salud o seguros a sus afiliados, entre las que se incluyen obras sociales privadas, sindicales, mutuales, empresas de medicina prepaga, aseguradoras de riesgo de trabajo (ART) y cualquier otra entidad que brinde cobertura médica. La ley dispone que el Ministerio de Salud de Río Negro o el organismo que lo reemplace en el futuro será la autoridad encargada de aplicar esta normativa.
Según la propuesta, el recupero incluirá gastos en tratamientos clínicos, procedimientos quirúrgicos, farmacia y traslados. Cada hospital público establecerá la facturación a estos terceros, basándose en un nomenclador tarifario que será reglamentado y actualizado por el Ministerio de Salud provincial.
El proyecto también prevé procedimientos claros para el cumplimiento del pago por parte de los sujetos obligados. En caso de que no se efectúe el pago de manera voluntaria dentro del plazo establecido, la deuda será certificada por la autoridad correspondiente y tendrá el carácter de título ejecutivo. Esta certificación permitirá a la Fiscalía de Estado iniciar una ejecución fiscal para asegurar el cobro de la deuda. El proyecto incluye, además, disposiciones específicas para la notificación de los sujetos obligados y el procedimiento de determinación de deuda.
Destino de los Fondos Recuperados
Una de las características de esta iniciativa es que los fondos recuperados serán destinados exclusivamente al sistema de salud pública. Este dinero permitirá mejorar la calidad de los servicios médicos y fortalecer la infraestructura sanitaria en toda la provincia, garantizando que los hospitales puedan seguir atendiendo a la población de manera gratuita y sin interrupciones.
El ministro de Salud, Demetrio Cladis Thalasselis, explicó que “esta ley permitirá que los hospitales de la provincia cuenten con los recursos necesarios para continuar ofreciendo servicios médicos de alta calidad, sin comprometer la gratuidad del sistema”. Por su parte, el ministro de Hacienda, Gabriel Alejandro Sánchez, destacó que “el régimen de recupero ayudará a aliviar la presión sobre el presupuesto provincial y permitirá que los recursos se destinen de manera más eficiente”.
La implementación del Régimen de Recupero de Fondos representa un paso hacia la autosostenibilidad del sistema de salud pública en Río Negro. Además, esta medida podría servir como modelo para otras provincias que enfrentan desafíos similares debido a la falta de recursos para sostener sus hospitales públicos.
De aprobarse, la ley marcaría un cambio importante en la forma en que el sistema de salud pública interactúa con las obras sociales y aseguradoras, asegurando que estas contribuyan equitativamente al mantenimiento de los servicios médicos de la provincia. También permitiría que el Ministerio de Salud gestione de manera más eficaz los fondos y planifique inversiones a largo plazo en infraestructura y recursos humanos.