El Parlamento declaró el estado de emergencia pública en materia económica, financiera y fiscal del sector público provincial y autorizó al Poder Ejecutivo a tomar las medidas necesarias para su superación.
Lucas Pica (JSRN), como miembro informante del Poder Ejecutivo, explicó que la medida busca “otorgar herramientas para paliar una crisis que requiere de este tipo de instrumentos excepcionales”.
El legislador realizó un repaso de la situación nacional y expresó que “tenemos claro que aunque no vayan a ser usadas, hoy no pueden no ser otorgadas”.
La iniciativa tuvo el aval de la bancada oficialista y de los bloques de Unidad Ciudadana, Frente Grande, Frente Renovador y la mayoría del Frente de Todos, mientras que Kolina y el legislador Pablo Barreno (FDT) votaron de forma negativa, con un resultado general de 42 a 3.
La norma autoriza al Poder Ejecutivo a refinanciar los pasivos financieros contraídos por la Provincia, ya sea con entidades financieras, bancarias o el Estado Nacional, y los contraídos mediante la emisión de certificados de deuda pública y con todo tipo de acreedor financiero. También a ceder en garantía y/o en pago de las obligaciones asumidas los recursos que corresponden a la provincia, de acuerdo al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, regalías hidrocarburíferas y regalías hidroeléctricas.
Lo faculta además a disponer de la rescisión, prórroga y renegociación de los contratos de concesión pública y la potestad de revisar los regímenes de promoción fiscal, de los fondos con destino específico, de los regímenes de compensaciones y de los procedimientos y trámites aplicables a la compraventa de bienes inmuebles de la Provincia.
A los fines de cancelar las obligaciones emergentes de los juicios contra el Estado con condena firme a dar sumas de dinero, se lo dota de facultades para negociar y acordar con los acreedores mediante títulos públicos provinciales, como una herramienta adicional para satisfacer esos créditos de un modo efectivo y más cercano en el tiempo.
Asimismo, brinda la posibilidad de realizar operaciones de crédito público, en pesos o en dólares, con el gobierno Nacional y organismos internacionales de crédito público.