La subsecretaria de Pesca de la provincia de Río Negro, Jessica Ressler, participó de la última audiencia convocada por la Delegación de Trabajo de San Antonio en el marco del cierre de la planta pesquera Río Salado.
En la reunión, de manera virtual, estuvo presente el empresario Franco Massari, representante de la empresa, presencial autoridades laborales, sindicales y legales.
Uno de los principales puntos de discusión fue la indemnización de los trabajadores despedidos. Según Ressler, muchos empleados rechazaron la propuesta empresarial de abonar solo el 50% de la liquidación final, aunque algunos estarían evaluando aceptarla. Sin embargo, antes de abordar este aspecto, se trató la correcta formalización de los despidos, ya que los empleados de Olgrec Fish recibieron telegramas de despido de Pesquera Río Salado, empresa que no figura como su empleadora formal.
“La empresa manifestó un despido en el marco del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que reduce el porcentaje de indemnización. Desde el sindicato y la Secretaría de Trabajo se solicita que sea bajo el artículo 35, lo que garantizaría mejores condiciones para los empleados despedidos”, explicó la subsecretaria.
Por su parte, Massari declaró que no se encuentra en condiciones de continuar con la actividad pesquera, motivo por el cual procedió a emitir los telegramas de despido. Además, reiteró su disposición a ceder la planta a los trabajadores, aunque este proceso aún está en etapa de evaluación.
En cuanto a los permisos de pesca, Ressler aclaró que la empresa no cuenta con autorizaciones provinciales ni nacionales para operar, despejando así cualquier especulación sobre la continuidad de sus actividades. “No existe ningún permiso de pesca otorgado a Pesquera Río Salado ni tampoco cupo nacional”, afirmó la suspensión de los mismos.
En cuanto a la asistencia a los trabajadores de Río Salado, Ressler anunció que se está gestionando una segunda ayuda económica en conjunto con la Municipalidad de San Antonio y el Ministerio de Desarrollo Humano. En este sentido, adelantó que viajará personalmente a Viedma para presentar la documentación requerida y acelerar la entrega del beneficio.
La incertidumbre persiste entre los trabajadores, quienes exigen el pago de sus indemnizaciones antes de evaluar la posibilidad de formar una cooperativa para gestionar la empresa. La subsecretaria reafirmó el compromiso del gobierno provincial para garantizar que la prioridad sea la liquidación de los empleados y luego analizar alternativas para el futuro de la planta.
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