En San Antonio Oeste se llevó a cabo una mesa de trabajo que reunió a vecinos, activistas y representantes de distintas instituciones locales para debatir sobre la implementación y el cumplimiento de la ordenanza municipal que prohíbe el uso y comercialización de artefactos pirotécnicos.
Este encuentro se da tras los recientes incidentes en la inauguración de temporada, donde se utilizaron fuegos artificiales en aparente incumplimiento de las normativas vigentes.
Gabriela Latorre, vecina y activista por la campaña “Pirotecnia Cero”, destacó la amplitud de la convocatoria, que incluyó a representantes de la Defensoría del Pueblo, el Juzgado de Faltas y concejales locales. Sin embargo, lamentó la ausencia de miembros del Consejo Local de Discapacidad, quienes no pudieron asistir por cuestiones personales, pese a que consideran clave su participación debido al impacto de la pirotecnia en personas con diversas patologías.
Durante la reunión se discutieron los próximos pasos a seguir, incluyendo la presentación realizada por el concejal Guillermo Match ante el Juzgado de Faltas. Según informó, se trató de la segunda presentación del caso, esta vez con información adicional requerida por el juez. Ahora, se espera una resolución en los próximos días hábiles sobre el presunto incumplimiento de la ordenanza 5427, reformada por la 5917, que prohíbe expresamente el uso y venta de pirotecnia.
Latorre recordó que la ordenanza surgió en 2017 como respuesta a una demanda comunitaria para garantizar fiestas más inclusivas y pacíficas. En este sentido, subrayó que el reciente uso de pirotecnia, aunque breve, generó malestar entre los vecinos. “No existe la pirotecnia sin ruido”, afirmó, citando declaraciones de un representante de la industria pirotécnica, lo que refuerza la necesidad de mantener la prohibición.
La activista también cuestionó la falta de acción inmediata por parte de las autoridades presentes durante el evento. “Había empleados municipales que vieron y escucharon lo sucedido, pero no actuaron, como el decomiso de los artefactos en función de la ordenanza”, sostuvo.
En cuanto a las sanciones, se planteó que las multas podrían alcanzar hasta 25 millones de pesos, dependiendo de la evaluación del juez. Sin embargo, Latorre expresó que estas multas deben ser significativas para disuadir futuros incumplimientos y propuso que los fondos recaudados no se destinen únicamente a zoonosis, sino también a otras causas comunitarias.
La reunión también evidenció críticas hacia la falta de posicionamiento público del intendente Adrián Casadei respecto al incumplimiento de la ordenanza. Los vecinos reclamaron mayor compromiso por parte del Ejecutivo municipal en la defensa de las normativas que protegen los derechos de la comunidad.
Ahora, los ojos están puestos en la decisión del Juzgado de Faltas, que deberá pronunciarse en los próximos días. Mientras tanto, la comunidad espera que este sea un paso hacia el fortalecimiento del cumplimiento de las leyes locales y la protección de la convivencia ciudadana.
