El 1 de abril del 2013 debía tener sanción una ordenanza por la cual se debía cumplir el artículo 105º la creación de la figura del Defensor del Pueblo y que el oficialismo gobernante con la mayoría en el recinto legislativo comunal impidieron su puesta en marcha, incluso el expediente jamás fue tratado hasta la conformación de este nuevo parlamento municipal.
En la sesión de ayer prevaleció el proyecto que presentó, en el año 2014, el ex concejal del radicalismo Pablo Fernández, cuya ordenanza fue rescatada por el actual edil de la UCR Diego Colantonio.
Resaltan los representantes que la figura institucional creada es concebida como órgano independiente que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.
Mencionaron en la sesión que la creación de la figura del Defensor del Pueblo, es un ámbito público indispensable para cubrir espacios de acción comunitaria en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, como así también el impedir el avasallamiento de los derechos y garantías constitucionales de las personas.
Dado el crecimiento y desarrollo constante en nuestro municipio y previendo que el mismo se mantendrá e incrementará en los próximos años, por lo que es necesario que el mismo sea respetuoso de los ciudadanos.
El objetivo de la instauración y desarrollo de esta institución es mejorar la calidad institucional republicana y democrática y la salvaguarda del debido respeto de los derechos comunitarios de los ciudadanos del Municipio de San Antonio Oeste.
La creación de la figura del Defensor del Pueblo acercará notablemente a los ciudadanos con sus organismos públicos y garantizará la interacción de los mismos con las instituciones democráticas, haciendo efectivos gran parte de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Dos proyectos
El oficialismo a través de la concejal Fabiana Labiunda también presentó un proyecto de ordenanza para crear la Defensoría del Pueblo de la ciudad de San Antonio Oeste como órgano unipersonal e independiente con autonomía funcional y autarquía financiera. Fue descartado en la sesión y prevaleció la norma opositora.
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