El municipio de San Antonio dispondrá de un «Registro único de personas condenadas por delitos de violencia familiar y de género” luego de la aprobación unánime del proyecto presentado por la concejala del Frente de Todos, Vanesa Carmona. Ahora recaerá en el Poder Ejecutivo, con el asesoramiento del Consejo de la Mujer, Diversidades y Género, la obligación de reglamentar la norma para su puesta en vigencia.
La iniciativa que quedó sancionada por unanimidad establece que ese listado se compondrá de las personas cuya inscripción se haya ordenado judicialmente, consignando autos, juzgado que dispuso la condena, datos del victimario, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, sanciones impuestas y bajas ordenadas judicialmente.
Además, deberá articular con otras instituciones acciones tendientes a sensibilizar y concientizar a la sociedad sobre violencia familiar y de género.
Las autoridades judiciales deberán ordenar la inscripción de quienes hayan sido condenados con sentencia judicial firme por infracciones a las leyes de violencia familiar o contra las mujeres y quienes hayan incumplido tratamientos terapéuticos ordenados.
Quienes estén incluidos no podrán ser candidatos a cargos electivos municipales, ser designados funcionarios municipales o en empresas del Estado ni acceder a habilitaciones, concesiones, licencias o carnés de cualquier tipo, permisos o cambios de titularidad.
En el caso de los empleados públicos municipales, la inscripción en el registro se considerará falta grave y, previa sustanciación del sumario administrativo correspondiente, les serán aplicables las sanciones previstas en el régimen normativo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que puedan concernirles. En el supuesto que la sanción administrativa sea la cesantía o exoneración del empleado municipal, quedando vacante su puesto laboral, el mismo podrá ser ocupado prioritariamente por la mujer víctima de violencia de género, acorde a la idoneidad laboral de la misma, considerando que dicha sustitución laboral permitiría asegurar el carácter alimentario y sostén de familia.
Carmona consideró que la creación de un Registro único de personas condenadas por delitos de violencia familiar y de género es una necesidad impostergable frente a la escalada reflejada en los casos de violencia que a diario aquejan a la comunidad.
“Este registro permitirá realizar un diagnóstico concreto sobre la situación social de nuestra ciudad, conociendo la intensidad y gravedad del problema y, en consecuencia, adecuando las prestaciones para combatir este flagelo”, indicó la edila.
“El Estado no puede quedar como espectador, sino que debe considerar y prever estos efectos y actuar en consecuencia, dándole una alternativa a la mujer víctima de violencia para asegurar el bienestar de su grupo familiar, considerando el carácter alimentario de un salario digno”, concluyó.