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SAO: archivan la denuncia que realizó Favio León contra el intendente y otros funcionarios por supuesta defraudación

La Fiscalía N° 2 de Viedma, a cargo del Dr. González Sacco, dispuso el archivo de la investigación iniciada en mayo de este año, donde el ex candidadato a intendente Favio León denunciaba al mandatario comunal Adrián Casadei y a otros dos funcionarios municipales (Hermo y Carassale) por el presunto delito de defraudación por administración fraudulenta contra la administración pública, en el marco de la organización de la 33° Fiesta Nacional del Golfo Azul.

La denuncia había sido realizada por el titular del partido vecinal Compromiso Ciudadano, Favio León, quien acusaba a Casadei, junto al Secretario General de Coordinación Institucional y Gobierno, Matías Herno, y al Presidente de la Agencia de Turismo, Cultura y Deporte, Nicolás Carassale, de realizar pagos indebidos por un total de 1.649.000 pesos en concepto de alojamiento de artistas durante la fiesta. Según el denunciante, estos gastos deberían haber sido asumidos por la productora contratada, Pro Ride S.R.L., de acuerdo con el convenio firmado entre la empresa y el municipio.
Sin embargo, tras un análisis de los hechos y de la respuesta enviada por la Municipalidad de San Antonio Oeste, la Fiscalía concluyó que los fondos utilizados para dichos pagos provenían de una donación de la empresa Álcalis de la Patagonia S.A.I.C. (ALPAT), por un total de 10 millones de pesos, destinada específicamente al patrocinio y organización de la fiesta. Al no haber afectado las arcas municipales, el fiscal a cargo, Guillermo Martín González Sacco, determinó que no se configuró el delito de defraudación.
Además, la Fiscalía indicó que el remanente de los fondos donados no utilizados está siendo analizado para su devolución a ALPAT o su destino a otros fines según lo determine la empresa.
Por estas razones, se resolvió el archivo de la causa, aunque se aclaró que la medida es provisoria y podría reabrirse en caso de que surjan nuevas pruebas. Los denunciantes tienen derecho a solicitar la revisión del archivo dentro de los próximos tres días ante un fiscal superior.

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