La Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Viedma, resolvió a favor de una mujer que denunció haber trabajado durante casi una década en condiciones irregulares para una empresa de radiotaxis de San Antonio Oeste.
El tribunal ordenó el pago de más de 12 millones de pesos y la entrega de la certificación laboral. El caso comenzó en 2023, cuando la mujer, radicada en San Antonio Oeste y representada por un asesor letrado particular, inició una demanda contra los propietarios de la firma.
La mujer relató que trabajó desde 2012 como radioperadora —y en ocasiones también en tareas de maestranza— con jornadas de 8 a 10 horas diarias, aunque siempre estuvo registrada como empleada de medio turno.
La relación laboral terminó en 2021 tras una serie de conflictos vinculados con licencias médicas y el cuidado de su hijo. La mujer aseguró que fue víctima de un “despido indirecto” por injurias laborales, mientras que los demandados alegaron que la desvinculación se debió a inasistencias injustificadas.
Tras un extenso proceso judicial, con audiencias y presentación de pruebas de ambas partes, la Cámara del Trabajo de Viedma dictaminó que correspondía hacer lugar parcialmente al reclamo. La sentencia estableció que los empleadores deberán abonar $12.088.740,72, monto que incluye capital e intereses hasta septiembre de 2025, además de los intereses que se acumulen hasta el efectivo pago.
El fallo también obliga a los ex empleadores a entregar la certificación de servicios y remuneraciones a la trabajadora, un documento clave para acreditar sus aportes previsionales.
En cuanto a las costas del juicio, la Cámara estableció un reparto: un 60,24% recae sobre la actora (aunque fue eximida de pagarlas) y el 39,76% restante sobre la parte demandada. Los honorarios de los abogados de ambas partes fueron regulados en más de 3,3 millones para cada representación.
La resolución lleva las firmas digitales de los jueces y fue notificada oficialmente a las partes.
