En la última sesión del Concejo Deliberante de San Antonio Oeste, se aprobaron modificaciones en la ordenanza de tierras con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a los vecinos de la localidad. Así lo informó Daniel López, presidente del cuerpo legislativo, quien destacó los cambios más relevantes.
Uno de los puntos más importantes fue la unificación del requisito de residencia mínima para acceder a un lote. «Un artículo establecía seis años y otro cuatro, finalmente quedó en seis años como residencia mínima», explicó López.
Además, se modificaron las sanciones por incumplimiento de plazos, que anteriormente eran elevadas y dificultaban el cumplimiento para los beneficiarios, especialmente en los terrenos sociales. «Se redujeron aproximadamente en un 50% para que sean más accesibles», indicó el edil.
Otra reforma clave es el nuevo mecanismo de recuperación de terrenos para quienes no han podido construir su vivienda en un plazo de ocho a diez años. Anteriormente, los beneficiarios perdían el lote, pero ahora se han reducido los montos de recuperación para brindar mayores oportunidades a los vecinos de concretar su proyecto habitacional. «Son mecanismos adaptados a los tiempos de crisis que vivimos, buscando facilitar las cosas a la gente», agregó López.
Por otro lado, el concejal se refirió a la inversión en infraestructura para dotar de servicios a los barrios que aún carecen de ellos. En este sentido, mencionó el ingreso del bono petrolero, que destinará 92 millones de pesos a la provisión de servicios esenciales. «Nos viene muy bien para eso y estamos trabajando en garantizar que el valor de la tierra sirva para cubrir los costos de estos servicios», señaló.
Finalmente, López destacó que uno de los principales desafíos es el alto costo de los materiales, como el cableado eléctrico. «El costo de completar los servicios por manzana oscila entre tres y cuatro millones de pesos, lo que representa un desafío para los municipios en la actualidad», concluyó.
Las modificaciones aprobadas buscan generar condiciones más equitativas para el acceso a la tierra y a la vivienda, en un contexto económico complejo donde las soluciones habitacionales son una demanda creciente de la comunidad.
