Alejandra, vecina de San Antonio Oeste, vive días de angustia y lucha incansable por la salud de su hijo de 14 años, quien necesita con urgencia una cirugía por una malformación de Chiari, una condición neurológica que le provoca intensos dolores de cabeza, de espalda, cosquilleos en las piernas y otros síntomas que afectan su calidad de vida.
La intervención, que está programada para el próximo lunes 23 de junio en el Hospital de Bahía Blanca, tiene un costo total de 12 millones de pesos, de los cuales 6 millones corresponden al equipo médico y la anestesia, ítems que la obra social provincial IPROSS se niega a cubrir. El resto, correspondiente a la internación, sí está contemplado por la cobertura.
Alejandra explicó que el adolescente ha sido atendido desde pequeño en el Hospital Penna, donde era seguido por un neurólogo y un neurocirujano que, aunque ya no trabaja en dicho nosocomio, aceptó realizar la intervención en otro centro. “Él ya tiene todos los estudios, el médico conoce su historia clínica, y nos dice que ahora es el momento clave, porque está en etapa de crecimiento”, contó.
Sin embargo, desde IPROSS rechazaron la solicitud de cobertura alegando que ya tienen médicos prestadores en la provincia, en este caso, un profesional de apellido Vallejos, sin más detalles ni contacto. “Me notificaron que me derivan a ese médico, pero nunca lo vimos, no lo conoce a mi hijo. No puede ser que decidan quién lo opera sin siquiera haberlo tratado”, reclamó Alejandra.
La madre presentó el martes un recurso de amparo judicial en busca de una solución urgente, ya que el tiempo apremia. Aún no ha recibido respuesta del juzgado ni de las autoridades de IPROSS, a pesar de reiterados llamados y mensajes. “Llamo a Viedma, no contestan. Acá me dan un 0800 que nunca atienden. Nos están pisando los tiempos”, lamentó.
Alejandra también recordó que su hijo tiene certificado de discapacidad y que la ley establece que, si la obra social no trabaja con el médico tratante, debe encontrar la forma de garantizar la atención con ese profesional. “Están haciendo la vista gorda a lo que dice la ley. No se trata de un capricho. Es un menor con una patología delicada”, enfatizó.
La situación ha generado indignación entre allegados y vecinos que acompañan a la familia en este difícil proceso. “Estamos luchando contra el sistema, contra la burocracia, y lo único que pedimos es que mi hijo tenga la oportunidad de vivir mejor. No se trata de millones imposibles, son 6 millones por la salud de un niño”, concluyó conmovida.
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