Un hombre de San Antonio Oeste contrató a un prestador de servicios automotrices para instalar el cristal de la puerta trasera derecha de un Peugeot 408. Pagó por el repuesto y la colocación, pero el trabajo no se realizó.
El proveedor no efectuó la reparación ni devolvió el dinero recibido. Esto motivó una serie de reclamos, que incluyeron mensajes, una carta documento y, finalmente, una demanda de menor cuantía ante el Juzgado de Paz local.
El cliente acompañó la demanda con comprobantes de transferencia, capturas de pantalla, imágenes del vehículo, documentación del automotor y pruebas del intercambio en redes sociales. El proveedor ofrecía el servicio bajo un nombre de fantasía vinculado al polarizado y la reparación de vehículos.
Ambas partes acordaron una solución conciliatoria y solicitaron su homologación. El cliente denunció que el proveedor no cumplió con lo pactado. Solicitó que se dejara sin efecto el acuerdo y que se fijara una nueva audiencia, pero no se presentó.
La jueza de paz suplente consideró que la relación entre las partes se encuadraba dentro de los términos previstos por la Ley de Defensa del Consumidor. Reconoció la existencia del vínculo contractual, el incumplimiento de las obligaciones por parte del proveedor y la falta de respuesta a los reclamos, tanto extrajudiciales como judiciales.
Finalmente, se condenó al comerciante a pagar por el daño emergente. El fallo dispuso reconocer la suma reclamada por el actor en este concepto, que asciende a 191.840 pesos. Además, se fijó una indemnización por daño moral de 100.000 pesos y se aplicó una multa en concepto de daño punitivo equivalente al valor de media canasta básica total para un hogar tipo 3, actualizada según el INDEC, con más los intereses.
