El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) presentó un escrito ante el ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, exigiendo que no se autorice el funcionamiento de una planta procesadora de pescado ubicada en calle Leandro Alem N° 49 de San Antonio Oeste sin que antes se cancelen las deudas laborales con 64 exempleados despedidos.
En la presentación, el gremio advierte que las firmas Pesquera Río Salado S.A. y Olgrecı Fish Nuevo Tiempo S.A. despidieron a los trabajadores invocando causal de fuerza mayor, pero sin abonar suma indemnizatoria alguna.
Las deudas se encuentran judicializadas en dos expedientes que tramitan ante la Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial de Río Negro: “ABARZUA HUGO ALBERTO Y OTROS C/ PESQUERA RIO SALADO S.A. Y OTROS S/ ORDINARIO” (Expte. VI-00358-L-2025), donde 57 trabajadores reclaman $534.861.054,60; y “ARRIOLA, ANIBAL ARMANDO Y OTROS C/ PESQUERA RIO SALADO S.A. Y OTROS S/ ORDINARIO” (Expte. VI-00434-L-2025), en el que otros 7 trabajadores reclaman $41.555.476,88. En total, el monto reclamado supera los 576 millones de pesos.
El STIA sostiene que la provincia no puede autorizar la continuidad o reapertura de la unidad productiva sin exigir previamente el saneamiento de esos pasivos laborales. Advierte que cualquier habilitación otorgada en esas condiciones implicaría una convalidación indirecta del incumplimiento y una violación al orden público laboral.
El gremio, mediante una nota elevada por su titular Juan Ortíz, también alerta sobre posibles maniobras de elusión tributaria: si la explotación fuese retomada por la misma empresa, por un cesionario, adquirente del inmueble o cualquier tercero, deberán asumir las obligaciones laborales derivadas del funcionamiento anterior, ya que la continuidad económica del establecimiento impone la responsabilidad sobre las deudas ya devengadas.
Finalmente, el sindicato advierte que, de otorgarse la habilitación sin el cumplimiento de estas condiciones, el acto administrativo podría ser cuestionado por arbitrariedad y desviación de poder, y anunció que promoverá las acciones administrativas y judiciales correspondientes.
