El titular local del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), Juan Ortíz, confirmó que la mayoría de los ex trabajadores de la planta procesadora de la empresa pesquera Río Salado mantienen acciones judiciales en curso contra la firma, con el objetivo de percibir haberes e indemnizaciones adeudadas tras el cierre de la planta.
De esta manera, el dirigente sindical desmintió de forma categórica las afirmaciones del abogado Osvaldo Corvalán, quien impulsa la reapertura del establecimiento y aseguró públicamente que no existen reclamos judiciales por parte de los ex empleados ni oposición gremial para reactivar la actividad.
Ortíz aseguró que “oficialmente no hay absolutamente nada” respecto a una reapertura, más allá de rumores que generaron inquietud entre los trabajadores. En ese sentido, explicó que algunos ex empleados fueron contactados de manera informal y se les habría ofrecido volver a trabajar bajo la modalidad de cooperativa, situación que despertó preocupación y confusión.
“El gremio nunca se retiró. Siempre estuvimos presentes y la demanda judicial está hecha. Lo que ocurre es que estamos en feria judicial durante todo el mes de enero, por lo que los tribunales solo atienden casos urgentes”, aclaró el titular del STIA. Asimismo, indicó que se solicitaron medidas cautelares, una de las cuales ya habría tenido resolución favorable, mientras que la segunda se encuentra a la espera de definición, la cual podría conocerse en febrero.
Ortíz explicó que el abogado del gremio, que representa a cerca de 70 trabajadores, no pudo avanzar en nuevas instancias durante enero justamente por la falta de actividad judicial. “La demanda es importante y está vigente. En febrero, si todo sale como esperamos, el abogado vendrá con los trabajadores para informar en detalle el estado del reclamo”, señaló a Marítima FM.
En relación al proyecto pesquero vinculado a Río Salado, el dirigente sindical recordó que la empresa dejó de operar hace más de un año, despidió a todo su personal sin abonar salarios ni indemnizaciones y, como consecuencia, la Provincia dio de baja los permisos de pesca. “El proyecto está suspendido y debe seguir así hasta que se dé una respuesta concreta a los trabajadores”, remarcó.
Ortíz también expresó su preocupación por las versiones periodísticas que mencionan la existencia de un nuevo titular de la planta, y sostuvo que cualquier cambio de titularidad debe ser debidamente acreditado. “Según la ley, quien invierte en una nueva empresa debe hacerse cargo solidariamente de las deudas laborales. No puede venir alguien a decir ‘alquilé la planta y no le debo a nadie’”, subrayó.
Finalmente, el dirigente gremial indicó que mantiene diálogo con autoridades municipales y provinciales, quienes —según afirmó— ratificaron su acompañamiento a los trabajadores. En ese marco, sostuvo que no se otorgarán habilitaciones comerciales, permisos ni cupos pesqueros hasta tanto se regularice la situación laboral. “Los proyectos deben seguir suspendidos hasta que los trabajadores tengan una respuesta clara. Hay personas que han sufrido muchísimo y merecen una solución”, concluyó.
