Los trabajadores de la empresa pesquera Río Salado y Olgrec Fisch recibieron sus telegramas de despido, lo que ha generado un fuerte malestar y una serie de reclamos por parte del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).
Juan Ortiz, secretario adjunto del STIA en San Antonio Oeste, expresó su preocupación por la situación y denunció irregularidades en el proceso de despidos y en el pago de las indemnizaciones correspondientes.
Ortiz explicó que los trabajadores se encontraban en un limbo laboral durante las últimas semanas, sin saber si aún pertenecían a la empresa o si habían sido despedidos. “La empresa cerró, bajó las persianas, no queda nada ahí. Se cortó la electricidad y envió los telegramas de despido al finalizar la semana”, detalló el sindicalista. Sin embargo, el principal conflicto radica en que la empresa ofrece indemnizar a los trabajadores con solo el 50% de lo que les correspondería, amparándose en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite reducir el pago en casos de fuerza mayor.
“El despido es una burla”, afirmó Ortiz, quien rechazó las causales de fuerza mayor esgrimidas por la empresa, ya que no se especifican las razones concretas que justifiquen dicha medida. Además, destacó que la empresa no ha cumplido con la obligación de presentar las declaraciones juradas de los trabajadores desde diciembre de 2024, lo que ha generado un perjuicio adicional para los empleados, quienes no pueden acceder a beneficios como la ayuda escolar, las asignaciones familiares o el seguro de desempleo.
“Los trabajadores no tienen acceso a ningún beneficio porque la empresa no ha presentado los formularios correspondientes. Esto es un incumplimiento muy grave”, señaló Ortiz. Ante esta situación, el sindicato está realizando las denuncias correspondientes en la Delegación de Trabajo y solicitando una audiencia urgente para resolver los reclamos. “Esperamos que el empresario se presente y cumpla con sus obligaciones”, agregó.
El conflicto afecta a cerca de 90 trabajadores efectivos, además de un grupo importante de contratados cuyos contratos han vencido sin que se les haya pagado la liquidación final correspondiente. Incluso una empleada que se jubiló no ha recibido su liquidación, según denunció Ortiz.
El sindicalista también criticó la falta de diálogo con el empresario y señaló que las autoridades municipales, legislativas y provinciales están al tanto de la situación. “Esperamos que se tomen las medidas correspondientes y se sancione a la empresa por estos incumplimientos”, afirmó.
Mientras tanto, los trabajadores continúan en la incertidumbre, sin saber cuándo recibirán sus indemnizaciones completas y sin acceso a los beneficios sociales que les corresponden. De no resolverse la situación en la próxima audiencia, el sindicato no descarta judicializar el caso, aunque reconoce que este proceso podría extenderse por años, perjudicando aún más a los trabajadores.
