La situación de la ex Pesquera Río Salado en San Antonio Oeste volvió a quedar en el centro de la escena tras situaciones esta semana, principalmente lo ocurrido en el Concejo Deliberante. También el sindicato que representa a los trabajadores despedidos envió una nota al ministro Banacloy.
A más de un año del cierre de la planta, el conflicto laboral continúa sin resolución judicial y se suma ahora la preocupación por presuntos movimientos operativos en el establecimiento, pese a que el proyecto se encuentra suspendido.
Según recordó el gremio, la empresa dejó de operar en la jurisdicción local tras despedir a la totalidad de su personal, que en su momento alcanzaba a unos 120 empleados. De ese total, 64 trabajadores iniciaron acciones judiciales para reclamar el pago de indemnizaciones y haberes adeudados, con el patrocinio de asesores legales contratados por el sindicato Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).
El reclamo judicial fue presentado por el abogado Gastón Suracce, con sede en Viedma, e involucra un monto cercano a los 600 millones de pesos en concepto de indemnizaciones, salarios impagos y otros conceptos laborales.
Desde el sindicato recordaron que al momento del cierre el titular de la firma era Franco Massari, a quien responsabilizan por haber abandonado la jurisdicción dejando una “deuda importantísima” con los trabajadores. “Era una empresa con convocatoria de acreedores, que operaba en nuestra jurisdicción y dejó de hacerlo echando a todos los trabajadores sin causa alguna. Se fueron y abandonaron la ciudad dejando a la gente sin cobrar lo que le correspondía”, señalaron desde la conducción gremial.
Además de los 64 empleados que avanzaron judicialmente bajo el patrocinio de Suracce, existiría un grupo minoritario que habría optado por otra representación legal.
En este contexto, el sindicato elevó presentaciones formales ante el intendente local y ante el Ministerio de Producción de la provincia para que no se otorguen nuevas habilitaciones comerciales ni permisos de operación vinculados al proyecto de Río Salado hasta tanto no se cancelen las deudas laborales. “Solicitamos que no entreguen ningún tipo de habilitación hasta que el trabajador pueda cobrar. No puede ser que se vaya el titular, pongan otro nombre y siga todo como si nada”, expresaron.
El planteo se apoya, además, en el marco de la emergencia pesquera vigente, que —según indicaron— restringe el otorgamiento de nuevos permisos o la habilitación de proyectos suspendidos. En ese sentido, sostienen que la única vía para rehabilitar formalmente el emprendimiento sería el cumplimiento previo de las obligaciones laborales pendientes. “La única manera de que puedan darle el alta al proyecto suspendido de Río Salado es cumpliendo con las deudas laborales que tiene con los trabajadores. Esa es la opinión del sindicato”, remarcaron.
Uno de los puntos que genera mayor inquietud es el presunto movimiento que vecinos y ex empleados aseguran haber observado en la planta. Durante los últimos meses se habrían registrado trabajos en el predio, encendido de cámaras de frío e incluso presencia de camiones térmicos. “Siempre hubo movimiento de obras, encendido de cámaras y hasta camiones térmicos. Nosotros no sabemos hoy quién está operando en esa empresa”, advirtieron respecto al uso del predio que hoy lo está gerenciando Edgardo Corvalán.
Desde el sindicato confirmaron haber realizado denuncias ante la Secretaría de Trabajo y otras autoridades competentes, aunque reconocieron que aún resta formalizar una presentación ante el Senasa. “Si están trabajando, lo están haciendo en forma anormal. Los responsables son los organismos que regulan la actividad y la parte laboral”, señalaron.
También expresaron preocupación por las condiciones sanitarias y de seguridad en caso de que exista procesamiento de pescado sin las habilitaciones correspondientes. “No sabemos en qué condiciones están trabajando. Se habla de procesamiento de alimentos para consumo humano. Eso requiere controles estrictos de frío, higiene y seguridad”, indicaron.
En ese marco, alertaron sobre el riesgo de accidentes laborales o problemas sanitarios si no se cumplen las normativas vigentes. “No queremos que mañana haya un trabajador electrocutado o que ocurra una intoxicación para que recién ahí se actúe”, afirmaron.
Desde el STIA recordaron que el proyecto original de Pesquera Río Salado fue aprobado en el ámbito del Consejo Asesor Pesquero, instancia en la que las empresas presentan sus planes de inversión, compromisos laborales y capacidad operativa. “Cuando se votó el proyecto, la empresa se comprometió a ocupar 90 trabajadores, contar con barcos y planta en funcionamiento. Hoy el proyecto está suspendido y su eventual rehabilitación debería tratarse nuevamente en el consejo, para determinar quién es el empresario a cargo y bajo qué condiciones”, explicaron.
Según manifestaron, no existe información pública clara sobre un eventual cambio de titularidad, designación de nuevos gerentes o modalidad de explotación actual del establecimiento. “Esa información la tiene que dar la provincia. Es información pública y no puede esconderse”, reclamaron.
Otro aspecto delicado del conflicto es la situación de algunos ex empleados que habrían regresado al establecimiento bajo otra modalidad laboral, presuntamente como integrantes de cooperativas o desvinculados de la representación gremial.
Desde el sindicato señalaron comprender la necesidad económica que atraviesan muchas familias, aunque advirtieron sobre los riesgos de aceptar condiciones precarias. “La necesidad es terrible. La gente quiere trabajar, pero hoy lo está haciendo a costa de arriesgar la vida. Cualquiera ofrece un dinero y por necesidad se meten”, expresaron.
En reuniones realizadas tras los despidos, el gremio había acordado con los trabajadores priorizar el reclamo judicial antes de volver a prestar tareas en la planta sin haber percibido las indemnizaciones correspondientes. “Primero tienen que cobrar lo que se les debe. Por eso se firmaron cartas poder y se inició la demanda. Nosotros hasta ahí llegamos en la vía legal, pero seguimos reclamando ante las autoridades”, indicaron.
Finalmente, el sindicato manifestó desconocer detalles sobre la actual operatoria vinculada a cuotas sociales de pesca y la eventual participación de embarcaciones asociadas al proyecto. Mencionaron que existiría una cuota de 16 toneladas y la presencia de al menos dos barcos que podrían estar capturando recurso, aunque señalaron que esa información debería ser confirmada oficialmente por la Subsecretaría de Pesca.
También hicieron referencia un buque pesquero, sobre el cual —según afirmaron— se estarían solicitando informes y adjudicaciones para determinar para quién pescaría y dónde se procesaría el recurso. “Nos sorprendió enterarnos de movimientos vinculados a nuevas embarcaciones. La pregunta es para quién van a pescar y en qué planta se va a procesar el recurso”, concluyeron.
