Inicio Interés General UNTER convocó a un congreso: rechaza el sistema de auditorías médicas

UNTER convocó a un congreso: rechaza el sistema de auditorías médicas

El Consejo Directivo Central de UnTER realizó una conferencia de prensa, en la sede central del sindicato en Roca – Fiske Menuco, el 12 de septiembre, para denunciar el avasallamiento al régimen de licencias docente que realiza el gobierno provincial, con la imposición de una «auditoria» para los certificados médicos de los trabajadores de la educación.


Silvana Inostroza, Secretaria General, informó que se solicitó, por tercera vez, una audiencia con el gobernador Alberto Weretilneck, quien, desde que asumió, no ha recibido al sindicato. “Insistimos porque quienes definen los destinos de provincia han puesto a la educación pública rionegrina en peligro”, aseguró.
Daniel Aciar, Vocal a cargo de la Secretaría de Salud en la Escuela, calificó al mecanismo de auditorías como perverso, cuya única intención es perseguir y ajustar. El sistema automatizado se arroga la potestad de interpretar y modificar las indicaciones realizadas por un profesional médico, rechaza arbitrariamente los certificados presentados o justifica menos días de licencia que los indicados por los médicos tratantes.

En relación con el proyecto de declarar la esencialidad de la educación, invitó a los legisladores a elaborar leyes que aseguren escuelas con condiciones dignas, que garanticen el funcionamiento de los comedores escolares y el transporte.
El compañero Aciar indicó que ante la emisión unilateral de las resoluciones que imponen el sistema de auditoría que violenta acuerdos paritarios homologados, la UnTER realizó presentaciones ante la Secretaría de Trabajo, el Consejo Provincial de Educación, la Función Pública y la Federación Médica provincial.
La Secretaria General comunicó que se realizará un Congreso Extraordinario el 20 de septiembre en Viedma, para definir acciones a seguir. Expresó que «apostamos al diálogo, sin embargo, no estamos dispuestos a retroceder en derechos». Se exige respeto a la normativa vigente y que el gobierno cumpla con su obligación de garantizar el derecho social a la educación y el presupuesto educativo, con salarios y condiciones dignas para enseñar y aprender, y no perseguir y ajustar a los trabajadores.

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