En una nueva ronda de negociaciones en la Mesa de la Función Pública, los gremios Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazaron de manera contundente la reciente propuesta salarial presentada por el gobierno de Río Negro.
La oferta, que se dio a conocer en la mañana de este miércoles, consistía en el blanqueo de los 30.000 pesos correspondientes a octubre del año pasado, distribuidos en dos cuotas. Según las estimaciones de los gremios, esta medida representaría un aumento de poco más de 3.000 pesos para las categorías iniciales, cifra que consideran insuficiente.
Además, esta propuesta se sumaría a los aumentos en sumas fijas para el bimestre junio-julio, que ya habían sido presentados la semana anterior. Sin embargo, tanto UPCN como ATE han expresado su descontento y han demandado mayor claridad sobre el pago del aguinaldo, en cuanto a fechas y modalidades.
UPCN señaló que «lo ofrecido en la reunión no refleja en absoluto los reclamos expresados y planteados», y que la propuesta está «significativamente por debajo de las expectativas razonables». La organización gremial destacó la importancia de que la oferta salarial se realice en porcentajes, tras el traspaso de las sumas no remunerativas, para poder negociar sueldos que reflejen de manera más precisa la realidad económica que enfrentan los trabajadores públicos.
Por su parte, ATE calificó la oferta como «un grave retroceso». Rodrigo Vicente, representante del sindicato, indicó que «las negociaciones retrocedieron al punto inicial» y acusó al gobierno de dilatar los tiempos, perjudicando a los trabajadores cuyo poder adquisitivo se deteriora cada día más. ATE demandó el pago del medio aguinaldo en una sola cuota, conforme a lo estipulado por la ley, y expresó su solidaridad con el sindicato docente Unter, abogando por la reapertura de las negociaciones salariales.
Ambos gremios continúan en pie de lucha, insistiendo en la necesidad de mejoras salariales que estén en línea con las exigencias económicas y sociales actuales, y que se ajusten a los principios de justicia y equidad para todos los trabajadores públicos de la provincia.
