Un grupo de vecinos de la localidad turística volvió a manifestar su preocupación por el manejo de los fondos destinados a zoonosis, luego de que trascendiera que parte de la recaudación de la tasa específica estaría siendo utilizada para abonar los sueldos de los empleados del área.
Gabriela Latorre, vecina e integrante activa de las asambleas comunitarias, expresó que la situación genera un fuerte malestar y desconfianza en la comunidad. “Decidimos postergar nuestra presentación para el martes porque queremos abordar el tema con más tranquilidad. Lo que estamos pidiendo es algo muy concreto: cuál fue el criterio que se aplicó para pagar los sueldos de los empleados de zoonosis con el dinero recaudado de la tasa. Eso nos deja en una situación complicada porque egresa más dinero del que ingresa”, señaló.
Según explicó, los vecinos ya realizaron varias reuniones con el Ejecutivo municipal, la delegación local y la propia jefatura de zoonosis. También llevaron el planteo al Concejo Deliberante, donde el presidente, Daniel López, se había comprometido a coordinar un encuentro con la secretaria de Hacienda, Micaela Arruabarrena, y la contadora Tubio. “Hasta ahora no recibimos ninguna convocatoria ni respuesta. La comunicación es siempre desde la comunidad, nunca desde el municipio”, cuestionó Latorre.
La vecina recordó que el planteo lleva más de 40 días sin resolución, pese a que se había prometido una devolución en un plazo de 10 a 15 días. “Hemos decidido convocar directamente a la Secretaría de Hacienda, al Tribunal de Cuentas y también al Defensor del Pueblo, porque debe garantizar que se cumpla la ordenanza. No estamos dispuestos a que se vulneren las normas que tanto costó aprobar”, afirmó.
La ordenanza a la que hizo referencia fue creada en 2013 y modificada en años posteriores. Su espíritu, remarcan los vecinos, es solidario y tiene como fin garantizar acciones de castración y control poblacional de animales. Sin embargo, denuncian que los recursos no se están aplicando en esa dirección. “Hoy tenemos diez empleados y cada vez menos resultados. Antes, con tres o cuatro personas, se lograban más castraciones. Ahora apenas se hacen entre cuatro y siete por semana en Las Grutas”, graficó Latorre.
El malestar vecinal se profundiza por la falta de respuestas oficiales. “Una vez más se toma el pelo a los vecinos y a los voluntarios. Nosotros no cobramos un peso y tenemos que estar permanentemente detrás de estos temas, mientras funcionarios que sí perciben sueldos demuestran desconocimiento o falta de compromiso”, criticó.
De no obtener respuestas concretas la próxima semana, los vecinos evalúan avanzar con una denuncia formal. “No queremos llegar a esa instancia porque implica más tiempo, energía y recursos, pero si no hay otra salida, lo haremos. La ordenanza de zoonosis tiene un sentido solidario y estamos hablando de salud pública, tanto de las personas como de los animales. No podemos permitir que por mal manejo o posible corrupción se desvirtúe su finalidad”, advirtió Latorre.
