Un grupo de vecinos de Las Grutas a través de una asesora legal presentó una denuncia penal contra el Ejecutivo municipal de San Antonio Oeste por una presunta malversación de fondos vinculados al área de Zoonosis. La iniciativa surgió en el marco de una asamblea vecinal y se fundamenta en supuestas inconsistencias detectadas en informes contables y en la caída sostenida de las campañas de castración de animales en los últimos años.
La proteccionista Gabriela Latorre explicó que la presentación judicial se realizó luego de una larga serie de reclamos y reuniones con distintas áreas del municipio, sin que —según sostuvo— se obtuvieran respuestas satisfactorias. La denuncia fue formalizada por una vecina (Noelia Vázquez), elegida por la asamblea para realizar la presentación ante la Justicia. “Es una denuncia penal que se hizo al Ejecutivo municipal por presunta malversación de fondos del área de Zoonosis. Esto surge después de habernos reunido infinidad de veces con funcionarios, con el Tribunal de Cuentas y con distintas secretarías del municipio”, explicó Latorre al detallar el origen del reclamo.
De acuerdo con el relato de la proteccionista, la iniciativa de recurrir a la Justicia fue debatida en una reunión abierta de vecinos que siguen de cerca la problemática del control poblacional de perros y gatos en la localidad. “Se decidió en una asamblea de vecinos que se hiciera la denuncia. Allí se discutió si debía ser una presentación colectiva o si una persona debía asumirla individualmente. Finalmente se resolvió que fuera Noelia quien la realizara, y así lo hizo”, relató.
La denuncia apunta a presuntas irregularidades en el manejo de los fondos provenientes de una tasa municipal específica que pagan los vecinos de Las Grutas para sostener el funcionamiento de Zoonosis y, especialmente, las campañas de castración.
Según Latorre, el grupo de vecinos detectó inconsistencias en los informes oficiales del Tribunal de Cuentas municipal, que motivaron la consulta con profesionales contables. “Cuando evaluamos los informes del Tribunal de Cuentas encontramos muchas diferencias. De hecho, los enviamos a dos contadores y ambos coincidieron en que habría faltantes de dinero”, afirmó.
De acuerdo con los cálculos preliminares, el monto en discusión rondaría los nueve millones de pesos. “Estamos hablando de una cantidad cercana a los 9 millones de pesos, que es bastante dinero”, señaló.
La vecina agregó que durante una de las últimas reuniones con funcionarios municipales se informó a la comunidad que parte de los fondos se utilizaban para pagar sueldos del personal del área, lo que generó nuevas dudas entre los vecinos. “Se nos dijo que se estaba pagando el sueldo a los empleados con esos fondos. Pero nosotros seguimos detectando faltantes y por eso se decidió avanzar con la denuncia penal, presentando toda la documentación que reunimos”, explicó.
Investigación en la Justicia
La causa se encuentra actualmente en una fiscalía especializada en delitos contra la administración pública. Allí se evaluará la documentación presentada por los denunciantes. “En este momento la denuncia está en una fiscalía que investiga delitos contra la administración pública. Por la complejidad de los hechos, lo primero que se hará es una auditoría contable de los datos que presentamos para determinar si efectivamente faltó dinero y cuál sería el monto”, detalló Latorre.
La presentación solicita que se investiguen posibles delitos como malversación de fondos, fraude y pago de sobresueldos. “Nosotros pedimos que se investigue todo: el posible pago de sobresueldos, la malversación de fondos, fraude y otras situaciones que podrían haberse dado. Después de la pericia contable se verá si hay elementos suficientes para continuar con el proceso o si la causa se archiva”, indicó.
Caída de las castraciones
Uno de los argumentos centrales de los denunciantes es la caída progresiva en la cantidad de castraciones realizadas en la localidad, lo que —según sostienen— evidencia un deterioro del programa de control poblacional de animales.
Latorre aportó una serie de cifras que, según indicó, muestran una reducción significativa en los últimos años. “Estamos hablando de un descenso cercano al 70%. Es una caída muy fuerte en uno de los ejes principales de la ordenanza que regula el funcionamiento de Zoonosis”, sostuvo.
La proteccionista consideró que esta tendencia refleja un deterioro en la política pública de control animal. “Hoy se está trabajando con un día de castraciones por mes, lo cual hace imposible lograr resultados. Antes teníamos un promedio de 100 animales castrados por jornada en Las Grutas, y ahora con suerte llegamos a 30”, afirmó.
El núcleo del conflicto gira en torno al destino de los recursos provenientes de una tasa municipal equivalente al 3,5% que pagan los vecinos para financiar el área. Según el planteo de los denunciantes, esa recaudación debería destinarse exclusivamente a las políticas de control poblacional animal, pero parte del dinero estaría siendo utilizado para pagar salarios.
“El punto central es que el dinero de esa tasa no se está utilizando totalmente para el fin que creemos que corresponde. Hoy se usa también para pagar sueldos o contratos”, explicó Latorre. La vecina afirmó que, según su interpretación, la ordenanza vigente no contempla ese destino. “En la ordenanza no dice en ningún lugar que se tengan que pagar sueldos con ese fondo. Ese dinero se creó con una intención comunitaria para sostener el trabajo de zoonosis, especialmente el control de la superpoblación de perros y gatos”, sostuvo.
Antes de acudir a la Justicia, los vecinos aseguran haber intentado resolver la situación a través del diálogo con autoridades municipales y el Concejo Deliberante. “Nos cansamos de decir que esto no correspondía. Fuimos al Concejo Deliberante, hablamos en plenarias, pedimos que se revise el cumplimiento de la ordenanza y también acudimos a la Defensoría del Pueblo”, afirmó.
Sin embargo, según Latorre, no obtuvieron respuestas concretas. “Siempre nos escuchaban, pero en realidad no estaban accionando sobre lo que se planteaba”, señaló.
Mientras la causa avanza en la Justicia, los vecinos aseguran que continuarán con su trabajo voluntario en la asistencia a animales abandonados y en la difusión del reclamo. “Nosotros seguimos atendiendo todos los días casos de animales abandonados y problemáticas sociales vinculadas a esto. Pero creemos que el pueblo merece respuestas porque está pagando una tasa para un fin específico”, expresó Latorre.
La proteccionista sostuvo que el objetivo de la denuncia es esclarecer el destino de los recursos y mejorar la política pública en materia de salud animal. “Lo único que pedimos es que se investigue. Queremos saber qué pasó con esos fondos y que se garantice un sistema de zoonosis que realmente funcione para los animales, para los vecinos y para la salud pública”, concluyó.
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