Fabio Igoldi demostró que no se quedará quieto ante la suspensión que le impuso el Consejo de la Magistratura y recusó al legislador Adrián Casadei ((JSRN) como sumariante en la causa por mal desempeño de sus funciones como titular del Juzgado Penal 2 de Viedma.
Argumenta Igoldi que como juez procesó a Marcela Rossio, actual pareja de su sumariante, junto a Dante Sartor y Ricardo Prati, todos funcionarios de Desarrollo Social durante la gestión del ex gobernador Miguel Saiz, gobierno del que también Casadei formó parte como legislador radical.
En su estrategia sin dudas decidió avanzar sobre el poder político para evitar enfrentarse con la corporación judicial, incluso evitar cuestiones con el Colegio de Abogados local, a pesar que no desconoce que la entidad que nuclea a los miembros del foro local, felicitó a sus consejeros por haber votado la suspensión de Igoldi y el rechazo a la renuncia de Juan Bernardi.
Su primer paso fue renunciar al cobro del 80 por ciento del sueldo, en su condición de suspendido, y ahora decide una estrategia –al menos dilatoria- para desafiar a los representantes del parlamento, en tanto entiende que por sus manos pasaron diferentes causas que molestaron al poder político, como ser ejecutor de diferentes denuncias del tándem Carlos Soria-Ana Piccinini, (en la campaña electoral del 2011) y además hizo responsables al gobernador Alberto Weretilneck y al ex ministro Alejandro Palmieri, por el pago del seguro de vida del ex gobernador de General Roca.
Igoldi ve aquí un camino de fragilidad, pero difícilmente pueda superar las argumentaciones de una docena de expedientes elevados al Consejo de la Magistratura, cuestionando sus actuaciones como juez, como así también las diferentes observaciones de la Cámara Criminal en cuanto “desconocimiento de los pasos procesales” que llegó incluso a separarlo de causas penales.
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