Iud propone priorizar el respaldo al empresariado local pesquero, y no a empresas de otras provincias

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El legislador Javier Iud (FpV) señaló que la crisis abierta en San Antonio por la deuda que las empresas Calme Pesquera SA y Río Salado SA tienen con los trabajadores, vuelve a marcar la necesidad de fortalecer un proyecto de desarrollo pesquero con gente de la zona, promover “una burguesía local pesquera”. Dijo que de lo contrario cada año o año y medio se repetirá la crisis con empresas que llegan de afuera, que supuestamente son solventes, pero luego se van dejando una fuerte crisis. “Siempre pasan cosas raras”, indicó. Criticó la falta de reuniones de la Comisión de Pesca legislativa que todavía no ha abordado su proyecto de reforma de la Ley de Pesca, que apunta a dar un marco legal de protección a ese empresariado local pesquero; “no tienen interés en tratarlo”.

Iud indicó a la agencia APP que precisamente su iniciativa apunta a dar impulso al nuevo empresariado que está surgiendo en San Antonio, que no se le permite desenvolverse porque chocan con las empresas que monopolizan el cupo pesquero permisible que otorga la provincia, cuyos dueños son en general de otras provincias, de Mar del Plata o Puerto Madryn.
Hay que señalar que en las últimas horas se realizó una reunión, donde estuvieron presentes el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marcelo Martin, y el secretario de Estado de Trabajo, Lucas Pica, que elevaron una propuesta económica a las empresas para afrontar las deudas que mantienen con el personal y sobrellevar momentáneamente los problemas de liquidez, ocasionados “por la eventual ausencia de un gerente que tendría en su poder el dinero de los salarios”.
Sobre el tema, el subsecretario de Pesca, Jorge Bridi, señaló que se trata de un conflicto que se suscitó en sólo una semana, que fue absolutamente inesperado y que, de acuerdo a lo que esgrime la parte empresarial, “se debió a la ausencia del Gerente con parte de la cobranza y habiendo vendido todo el stock, lo que los puso en una situación de iliquidez”.
Iud indicó a la agencia APP que “esto que se dice es una novela (que el gerente escapó), pero no está escrito en ningún lado y por parte de las empresas no han hecho la denuncia; son versiones”.
Expresó que en realidad esto parecería “un traspaso empresario”, generar esta situación para que el acceso de una tercera empresa se dé en mejores condiciones para las partes.
Sobre la situación, estimó que probablemente el lunes –donde habrá un nuevo encuentro- el gobierno adelantará plata para pagar los sueldos y que siga la actividad.
Iud informó que su propuesta de fondo, para que no se repitan estas situaciones, “es el apuntalamiento de un nuevo empresariado local; si ya tenemos algunos empresarios que tienen un barco, otros que tienen una planta de hielo, otros que están haciendo su plantita pesquera y otros que se dedican a la comercialización, quiere decir que hoy San Antonio con gente del pueblo cubre todo el ciclo productivo”.
En este marco, indicó que su proyecto de ley busca darle “un marco legal a esta gente”, subrayando que la actual vigente no sirve, “cada año o año y medio tenemos una crisis que deja un tendal de gente sin trabajo”.

REFORMA DE LA LEY DE PESCA

Tiempos atrás, Iud explicó a la agencia APP que la Ley de Pesca que quiere actualizar “surge con el advenimiento de la democracia, es la 1960, y estuvo modelada en la época donde el imperio pesquero de nuestra región estaba encabezado por la empresa insignia histórica de San Antonio que era Galme Pesquera y que tuvo continuidad con otra empresa que fue Camaronera Patagónica”.
Agregó que “el sistema pequero se comprendía entre la planta pesquera propiamente dicha, donde se recibe el pescado, se procesa, se envasa y se vende, y la etapa productiva, extractiva, los barcos que pescaban, todo en cabeza de un mismo empresario”.
Señaló que “las crisis de 2000, 2001 en adelante, hicieron que se dividiera el sector, donde por un lado estaban los dueños de las empresas y por otro los dueños de los barcos, que justamente no coincidían en la titularidad, que es un poco el régimen que nos toca vivir hoy”.
Mencionó a la agencia APP que los dueños son en general “foráneos, fundamentalmente de la economía marplatense”.
Señaló que comúnmente se tiene la visión que “vienen, juntan la pesca y se la llevan” y las empresas “aparecen, se funden y desaparecen”, tal como suele pasar en todo el litoral patagónico.
No obstante, en los últimos años se visualiza “una incipiente burguesía local, hoy hay algunos jóvenes muchos de ellos, provenientes de la actividad pesquera, que han hecho el esfuerzo, han comprado un barco, luego otro, juntan dinero de la extracción y ponen una fábrica de hielo, un fenómeno interesante”.
Dijo que “lo que pasa es que con el sistema actual es muy difícil que estos empresarios locales puedan entrar el circuito, porque los titulares del cupo pesqueros son esas empresas foráneas”.
Señaló en este marco que a ese empresariado local hay que apoyarlo con herramientas normativas, para que no dependan de tener que venderle a esas dos o tres empresas grandes que ponen el precio.
Expresó que la reforma que promueve tiende a modificar esa situación y a regular la actividad.
Mencionó además a la agencia APP que las empresas tienen el cupo permisible de hasta 9 mil toneladas, pero se da el fenómeno, y por eso baja la actividad, que capturan en los últimos años como máximo 6 mil, “por la aparición del langostino, que no tiene cupo ni existía veda, que permite un procesamiento más económico, da menor trabajo, y consiguen un mismo valor”.
Explicitó que el pescado tiene mayor nivel de procesamiento y por lo tanto tiene un impacto laboralmente más positivo, que el langostino al que se le pone bajo nivel de procesamiento. “Por eso tenemos desocupación en el ámbito pesquero y eso hay que regularlo”, aseveró.
Paradójicamente indicó que los empresarios locales, con los barquitos, comenzaron muchos de ellos con el langostino, pero está en condiciones de ir metiéndose en todo el negocio pesquero, para lo cual necesita una herramienta normativa acorde.
Señaló que más allá del panorama sanantoniense, la reforma ayudaría a empujar la actividad en Viedma y en Sierra Grande. (APP)

MASSARO

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