Una joven de 16 años relató a su madre que había sido agredida físicamente por su padre en la vivienda familiar de San Antonio Oeste, donde el hombre residía temporalmente. Ante esta situación, la mujer denunció el hecho, ocurrido el 7 de abril, lo que derivó en una resolución judicial que ordenó la exclusión del hogar del acusado y la implementación de medidas cautelares.
El incidente se desencadenó cuando la madre escuchó a su hija admitir, entre llantos, que su padre la había golpeado por no haber lavado los platos. La denuncia se radicó en el Juzgado de Paz de la localidad, donde se reveló que el agresor, expareja de la denunciante y padre de sus tres hijos, ya contaba con antecedentes por violencia familiar.
Aunque la pareja estaba divorciada, el acusado había regresado al domicilio familiar en diciembre de 2024 por razones económicas, lo que generó tensiones y reactivó conflictos previos.
La resolución no solo dispuso la salida inmediata del hombre del hogar, sino que también prohibió todo contacto con la denunciante, sus hijos y su entorno, ya sea en persona o por medios digitales. Además, se estableció un perímetro de restricción de 300 metros, que incluye la escuela de los menores.
El fallo, basado en el Código Procesal de Familia y la Ley D 3040 —que define la violencia familiar como un problema social con roles de dominación que causan daño físico, psicológico o económico—, también exigió al denunciado iniciar un tratamiento psicológico con seguimiento profesional. Las medidas tienen una vigencia inicial de 90 días, sujetas a revisión.
El juez Federico Garriga Lacaze enfatizó la gravedad de los hechos y la prioridad del interés superior del niño, en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, destacó que las víctimas de violencia suelen enfrentar barreras para abandonar estas situaciones debido a tácticas de control como el aislamiento o las amenazas. En este caso, la valentía de la adolescente al hablar permitió la intervención legal.
El dictamen advirtió que, de repetirse el hostigamiento, se notificarán las medidas en el lugar de trabajo o instituciones del denunciado. También se abordó el impacto de la violencia digital —como mensajes o redes sociales—, cuyos efectos psicológicos pueden equipararse a los de una agresión física, por lo que las restricciones incluyen explícitamente estos medios.
