En respuesta a una acción de Habeas Corpus presentado por la Defensa Pública en el marco de una causa particular, el Superior Tribunal de Justicia exhortó a la Legislatura de Río Negro a que proceda por ley a la creación de un Órgano de revisión que supervise las internaciones que en la provincia se realizan en el ámbito de procesos de salud mental.
El órgano fue requerido en diversas oportunidades tanto por el equipo de Defensores de Menores e Incapaces que en toda la provincia se ocupa de la defensa de los derechos de personas con padecimientos mentales, así como por la Defensora General, Rita Custet.
En repetidas ocasiones, en el marco de procesos individuales, se ha enfatizado acerca de la importancia de este espacio, integrado por los diferentes organismos que intervienen en la temática, que debe ejercer las tareas de control y supervisión de las intervenciones.
“Esta es una deuda que la provincia de Río Negro tiene desde que fue reglamentada la Ley 26657 de Salud Mental a la cual se adhirió. Falta aún crear ese órganos que aparece como fundamental a la hora de supervisar los tiempos de duración de las internaciones, lo tipos de tratamiento y las medicaciones”, expresó Custet quien agregó que “al no crearse este organismo hay mucho déficit”.
En este mismo sentido se expresó en nuestra provincia la Dra. Graciela Iglesias, que actualmente es Secretaria Ejecutiva del Órgano de Revisión de la Ley Nacional 26657 de Salud Mental.
«Se ha insistido y se ha hecho manifiesto un interés de parte de la administración de justicia, tanto del Superior Tribunal respecto al cumplimiento de derechos de los estándares internacionales, como a la actividad de la Defensa Pública de Río Negro que ha demostrado un interés y un activismo acerca de los derechos de las personas que están en situación de discapacidad psicosocial o bajo el sistema como usuario de salud mental”, destacó.
“En ese recorrido, han intentado aprobar leyes específicas que acompañen al órgano de revisión local, cuestión que no se ha podido concretar aún. El interés sigue latente y la necesidad es todavía mayor, evidenciado por ciertos episodios que involucran nada más ni nada menos que la vida de las personas», finalizó.
Ahora, la sentencia del STJ insta a la Legislatura a avanzar en este sentido.