Ante la clara señal de la sociedad de San Antonio Oeste, el Puerto y Las Grutas en tormo a los residuos altamente contaminantes: “quieren que la Nación cumpla el contrato de remediación ambiental”. Desde el Gobierno nacional se movieron las fichas para darle punto final a la controversia generada hace dos semanas ante el anuncio de paralización de obras sin finalizar la remediación de plomo y otros metales pesados.
Fuentes confiables aseguraron que el ministro José Aranguren aceptó la sugerencia de Daniel Meilán para que el tesoro nacional aporte un dinero adicional a los efectos de concluir la tan ansiada remediación que quedó inconclusa.
No es para menos. Desde el año 2008 que las autoridades competentes llevan planificando y ejecutando, hoy en forma incompleta, erradicar definitivamente los residuos tóxicos depositados en esta ciudad por la ex Mina Gonzalito.
Tras décadas de esquivar el perjuicio dejado por la mala praxis de la empresa Geotécnica, se logró financiación del Banco Interamericano de Desarrollo BID, y mediante acuerdos de partes, entre municipio, provincia y nación, se iniciaron las tareas de estudio, planificación y remediación.
A la fecha, llevan gastados 8.3 millones de dólares entre la gestión actual y la del anterior gobierno. El resultado es incompleto. Errores de cálculo, manejos operativos errados y exceso de metales pesados, forman la lista de algunas inexactitudes acumuladas.
Hace pocos días se anunció la consumación del dinero y, como consecuencia, el final abrupto para concluir las obras. Se estima que resta remediar el 30 % del total. Por eso la indignación de la comunidad.
Alguien hizo mal los cálculos del volumen de residuos a remediar, del costo de todo el proyecto y de algo más preocupante, la no contemplación de metales pesados, que en gran medida, se suman a la existencia del plomo.
Lo cierto es que la responsabilidad del manejo de fondos y de obra corresponde al Estado nacional, más precisamente del área que depende la de geóloga Carolina del Valle y del sub secretario de minería Juan Biset.
Los reproches:
Preocupa que se haya dicho “no hay más dinero” y se deje la obra inconclusa. No se explica el por qué no se informó antes de estas anomalías si siempre se habló de certeros cumplimientos de plazos y finalización. Hoy es inminente el cierre del plan sin haber concluido la remediación. Esto disparó mucha bronca. Se rompió el contrato social que encolumnó a toda la comunidad, esa que hoy repudia el incumplimiento.
Pero cuidado, existen otras lecturas del mismo tenor que alientan la disconformidad. Comienzan a gestarse comentarios de alto impacto social, político y económico relacionado a la minería. Esta situación aparece emparentada con quienes son partidarios del “no a la mina” y expresan su justificativo en lo que sucede en San Antonio Oeste con los residuos tóxicos y otras recientes malas experiencias como las protagonizadas por Barrick Gold en San Juan.
Este análisis lo sostienen cuando se vislumbra un renacer de la minería detrás del proyecto Calcatreu en la zona de Ingeniero Jacobacci.
Por eso, esto de la mala remediación en SAO no ayuda. Y deja muy lejos a la tan mentada “minería sustentable” que declama el gobierno y las empresas del sector.
Aquí, el Estado nacional, es quien debe decidir si da respuestas de fondo, rompe la teoría de quienes hablan de maquillaje ambiental y corrige a esta industria de producir estos efectos colaterales generados por su mala praxis.
En definitiva, es el gobierno nacional quien debe dar respuestas y sabe de estas complicaciones adyacentes.
Últimos rumores favorables:
El pasado fin de semana hubo reuniones de alto voltaje en el ministerio del área. Ya se animan a estimar que se habría logrado un aporte adicional del gobierno nacional para terminar el acuerdo de remediación. El que, de concretarse, se anunciaría en forma inminente.
Desde el ministerio de Energía y Minería, ya afirman que Carolina del Valle, responsable oficial de la remediación, quedó afuera de ésta área. Clara señal de que algo andaba mal y no cerraba.
Para finalizar, sería interesante saber que piensan, y qué hacen, las autoridades provinciales del área ambiental y minera, quienes todavía guardan silencio al respecto. Fuente: Claudio Gutiérrez (Prensa GeoMinera)
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