“En los últimos días descubrimos conexiones ilegales en diferentes comercios de Las Grutas. Teníamos la sospecha que un fenómeno de estas características estaba sucediendo, y los operativos de revisión de medidores confirmaron lo que pensábamos: hay muchos comercios y viviendas de alquiler donde se roba energía eléctrica”, informaron desde la distribuidora eléctrica EdERSA.
A raíz de la intensificación de los controles en los lugares turísticos, operarios de la empresa eléctrica, encargados de las revisiones, encontraron varios comercios “colgados” de la luz, entre ellos, un conocido negocio de entretenimiento para niños y jóvenes, donde el propietario había manipulado la instalación eléctrica y así bajaba considerablemente el consumo.
“Luego de descubrir el hecho se informó adecuadamente al dueño del comercio, se hizo el procedimiento legal de denuncia y el cobro del resarcimiento económico y se normalizaron las instalaciones. El costo total para el comerciante fue del orden de los 200.000 pesos”, según se informó.
El operativo anti fraude se mantendrá en Las Grutas durante toda la temporada estival y también se extenderá al balneario El Cóndor, Playas Doradas y El Bolsón.
EdERSA puso en marcha el año pasado un programa anti fraude y de recupero de energía en toda la provincia, empezando por las ciudades más pobladas y de esta manera encontró una gran cantidad de casos de robo de energía, lo que redundó en cortes de servicio, recupero de los costos de la energía robada y aplicación de importantes multas por cientos de miles de pesos.
El programa consiste, básicamente, en detectar conexiones irregulares en el servicio de distribución eléctrica dentro del área de concesión.
La empresa explicó que más allá de la cuestión dineraria, «una conexión clandestina es un peligro constante e inminente, además de generar un enorme perjuicio para los demás vecinos, dado que afecta la calidad del servicio en la zona del robo”, y se aclaró que “una vez encontrado el fraude, nuestros abogados concretan una denuncia penal porque se trata de un delito penado por la ley con hasta 6 años de prisión”. (ADN)
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