La Comisión Multisectorial del Plomo de San Antonio Oeste (MSDP), provincia de Río Negro, detalló al Intendente Municipal Adrian Casadei, mediante nota fechada el 28/04, los aspectos más preocupantes del “convenio recientemente suscripto por la Municipalidad y la Provincia con la Secretaría de Minería de la Nación”, acuerdo al que esta entidad de vecinos entiende que es un retroceso inadmisible en el proceso hacia la remediación de la contaminación de metales pesados que constituyen un daño a la salud pública. Estos pasivos ambientales son producto de la minería, cuando se explotaba la desaparecida Mina Gonzalito y su tratamiento metalúrgico de los minerales era realizado en SAO. Alberto Hensel confundió “gordura con hinchazón”, pensó que yendo a SAO iba a poner paños fríos a una sociedad cansada de que le mientan, engañen, ultrajen y los violenten desde el incumplimiento que hace el mismo Estado.
Para el funcionario, el esconderse de las preguntas de los periodistas locales le pareció una hazaña. Todo lo contrario, los ofendió y su burla, (de expresar un monólogo ante un tenedor de micrófono municipal) fue tomada como una falta de consideración.
En SAO hay plomo en sangre de los pobladores. NO ES JODA. Miles de conciudadanos padecen enfermedades incurables y perdurables. Desde Jorge Mayoral hasta estos días pasando por Daniel Meilán, Carolina Sánchez y la actual administración, gastaron millones y no solucionaron absolutamente nada. Y es más, siguen derrochando recursos actualmente. Hoy Hensel quiere escurrir la responsabilidad que le toca como representante del Estado. No se da cuenta que esta mancha lo seguirá siempre. Puede, si lo desea, revertir esta tendencia, pero se niega y de esa forma agudiza la problemática existente. Y para peor, al no dar la cara y enfrentar el conflicto pone artilugios baratos y mediocres que lo definen, mediante el nombramiento de otros funcionarios inhábiles y desconocedores del tema. Acompañada con una “cara de yo no fui” que aquí, en la Patagonia no resulta. Otra cuestión, Hensel debería abandonar esa superación de sentirse estrella, dado que está más cerca de ser un “estrellado”.
La ofensiva de los vecinos:
Por eso motivo, el Intendente trasladó la nota de la Multisectorial al Secretario de Minería, Alberto Hensel, y obtuvo una “respuesta del Director Nacional de Producción Minera Sustentable (sic), Alberto Capra”, el pasado 13 de mayo. La cantidad de los elementos que deben señalarse sobre los conceptos vertidos por Capra fue denunciada por los notables miembros de esta localidad costera.
1- Sobre la desaparición de la obligación de remediar los terrenos contaminados en el Frente La Estanciera y el Frente El Autódromo.
Capra manifestó en su nota que “Sucede que en 2018 y 2019, a través de Adendas al contrato original con Taym, las Partes, incluyendo la propia Comisión Multisectorial, resolvieron dilatar para otros momentos la situación relativa a la eliminación definitiva de los suelos contaminados de las calles y veredas, como la de la situación de áreas de “El Autódromo” y “La Estanciera”. (…)
Al respecto, a la Comisión Multisectorial le parecer necesario aclarar que “es una organización social, un grupo de vecinos e instituciones de la comunidad. No tiene, ni tuvo nunca, la capacidad de “resolver” lo que una empresa contratada por el Estado tiene que hacer o dejar de hacer. Precisamente porque no tiene esa capacidad es que en 2018 presentó ante el Juzgado Federal de Viedma, con el aval de más de mil vecinos de San Antonio Oeste, una acción de amparo contra el Estado Nacional (…) y la empresa TAYM S.A, (…) , con el objeto de que se les ordene que continúen con las tareas de remediación de las zonas contaminadas con plomo y otros metales pesados en San Antonio Oeste – provincia de Río Negro – hasta alcanzar la total remediación de las zonas contaminadas”.
La Comisión Multisectorial le recuerda a este no informado funcionario de turno que “nunca fue una de “Las Partes”; nunca “resolvió” nada en relación con la obra o con la empresa, y de ninguna manera puede haber decidido dilatar aquello que desde hace tres años reclama en la Justicia, lo mismo por lo que lucha desde hace 16 años, y precisamente lo mismo por lo que estamos luchando en este mismo acto”.
La MSDP le hace saber a este arribado funcionario que sustenta la “sustentabilidad” que desde San Antonio Oeste “Imploramos a las autoridades mineras que revisen los antecedentes del proceso, y puntualmente las actuaciones en el Expediente del Amparo. De haberlo hecho en su momento tal vez habrían evitado sus “erróneas interpretaciones de las resoluciones del Juzgado Federal” que generaron demoras inauditas en la remediación y pérdidas millonarias al erario público. Si conocieran mejor los antecedentes, podrían evitar también las erróneas interpretaciones en los roles de cada uno de los actores del proceso, y puntualmente los de la Comisión Multisectorial”.
Pero puede leerse en la nota suscripta por Capra que dice: “Esta Administración no puede de ninguna manera deslindarse de la responsabilidad de dichos sitios, que serán intervenidos por Taym S.A. o, en su defecto, por terceros; pero al fin, resueltos de manera tal de propender a la solución definitiva de los aspectos asociados con la salud y con el bienestar de la comunidad.”
Lamentablemente los comentarios de un funcionario “en una nota cualquiera no constituyen compromiso institucional alguno para el Estado Nacional. Pero si sus aseveraciones respecto de las intenciones, posibilidades y decisiones de la Secretaría de Minería, fueran ciertas, no debería haber impedimento alguno en volver a escribir el acuerdo para incluir el compromiso de REMEDIAR EL TOTAL DE LOS SITIOS CONTAMINADOS EN SAN ANTONIO OESTE, tal como aparecía en el Convenio de 2016” especifican desde el sur.
La MSDP exige a las autoridades nacionales “Priorizar la salud de los vecinos por sobre cualquier otra consideración, esto es lo que deberían solicitar las autoridades municipales y provinciales”.
Los “errores y desaciertos, de exclusiva responsabilidad de la Secretaría de Minería de la Nación, condujeron a la paralización de la obra en 2018, sin que se hubieran alcanzado los objetivos de remediación. Pero la obra no ha terminado, tal como el propio Capra reconoce en su nota cuando advierte: “Debe remarcarse que Taym S.A. tiene responsabilidad por la posesión de todas las áreas sujetas a intervención que son objeto del referido Contrato de la LPN N° 01/2016”.
No obstante ello, la Provincia puso también a disposición de la Nación la celda de disposición final. Pero la obra en teórica ejecución “es de estricta y exclusiva responsabilidad de la Secretaría de Minería de la Nación, por ello es ésta quien está obligada a remediar por imperio de la orden judicial cuyo cumplimiento viene tratando de evitar desde hace más de tres años” denuncian los vecinos.
Este intento de la Secretaría de Minería de la Nación de adjudicar “las demoras y las indefiniciones a la Provincia es, cuanto menos, indigno. Con o sin la anuencia de la propia Provincia, configura una nueva burla a los vecinos de San Antonio Oeste, y ratifica la permanente conducta elusiva de la Secretaría de Minería de la Nación cuando de hacerse cargo de los pasivos ambientales mineros” se trata.
La información a la que accede Prensa GeoMinera es mucho más amplia. Para nuestra redacción le fue muy difícil enfocarse en la real comprensión de los hechos que generan la actitud disuasiva de la autoridad minera nacional. Es sumamente difícil, inexistente por cierto, encontrar información oficial sobre este y otros temas. Está ausente, sólo se limitan a efectuar operaciones distractoras sobre los medios que sí publican esta vergüenza que se experimenta en el sector minero nacional. (Prensa GeoMinera)
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