Desde Vamos con Todos impulsan además crear el Consejo Provincial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, frente a la grave crisis que atraviesan el país y la Provincia.
La profunda crisis social y económica que atraviesan el país y la región impulsó al bloque Frente Vamos con Todos a proponer declarar la emergencia alimentaria en el territorio rionegrino con el fin de atender y superar la situación de vulnerabilidad nutricional de sus habitantes por el término de dos años, pudiendo prorrogarse por igual período.
La legisladora Ayelén Spósito, con el acompañamiento de sus pares de bancada, José Luis Berros, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé y Fabián Pilquinao presentó este jueves un proyecto de ley que crea, además, el Consejo Provincial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura, integrado por un representante de esa cartera, legisladores de distintos bloques, del Ministerio de Salud, de los trabajadores de la economía popular y de la Pastoral Social.
Ese cuerpo deberá diseñar un plan de abordaje de la emergencia alimentaria, como política de Estado, garantizando la seguridad alimentaria de la población rionegrina en estado de vulnerabilidad social y crea el Registro provincial de Merenderos y Comedores que debe actualizarse semestralmente. Se propone que los alimentos requeridos en el marco de la emergencia sean adquiridos en un 70% a pequeños productores y agricultores familiares de la provincia (artesanos, emprendedores, pescadores artesanales, empresas recuperadas, cooperativas, entre otras).
“Es esencial constituir herramientas y dispositivos gubernamentales propios que permitan acompañar a todos las y los rionegrinos en este momento tan difícil”, sostuvo la legisladora en su proyecto de Ley.
Agregó que “la realidad de la provincia de Rio Negro no es ajena a la situación crítica que enfrenta nuestro país, agravada por las definiciones de las políticas neoliberales de la gestión actual y a los mecanismos anticonstitucionales que se intentan emplear para justificar su accionar”.
Además, el bloque exige “que se priorice la integridad y dignidad de nuestro pueblo por sobre los intereses del mercado, defendiendo la soberanía alimentaria, los derechos ciudadanos y los principios de la justicia social. Creemos firmemente que el Estado no puede replegarse y abandonar a su suerte a los más desprotegidos, perpetrando la exclusión y marginalidad”.
Al respecto, en los fundamentos del proyecto de ley se describen las dramáticas consecuencias que están generando las políticas económicas del actual gobierno, como la devaluación del orden del 120% que junto a otras medidas gubernamentales acelera el ritmo inflacionario y representa una pérdida directa y un golpe al poder adquisitivo de millones de familias argentinas.
También la puesta en vigencia del mega Decreto de necesidad y urgencia (70/2023) promulgado por el Poder Ejecutivo el 20 de diciembre del 2023 supone la desregulación de amplios sectores de la economía argentina, el desguace del estado y la privatización y extranjerización de bienes públicos. “Esta desregulación tiene profundos alcances en el corto plazo y atenta de forma individual contra los ciudadanos y consumidores, fundamentalmente en acceso a los alimentos y servicios”, concluyó Spósito.
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