“De pronto, sin siquiera consultarnos, nos quieren manejar nuestros recursos pesqueros sin tener competencia”, expresó asombrado el legislador de Juntos Somos Río Negro, Adrian Casadei, quien junto a su par de bancada, Alejandro Palmieri, presentó un proyecto de comunicación para que toda la Legislatura de Río Negro le plantee al Consejo Nacional Pesquero, “el rechazo a cualquier intento de avasallamiento de las jurisdicciones provinciales, relacionadas con la apertura de pesca de la especie Langostino, o cualquier otra especie de características tranzonal, siendo la misma una clara violación sobre las potestades constitucionales vigentes”.
Para Casadei, “es muy llamativa la coincidencia entre la postura de la poderosa cámara pesquera nacional y lo que ahora intenta hacer el Consejo Nacional Pesquero (CFP)”.
La Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA) la semana pasada, presentó ante el CFP, una nota mediante la cual, recurriendo a una serie de leyes, artículos y casos testigo, solicitó que “todo lo relativo a la pesca de la especie langostino, y otras especies, tanto sea en relación a la apertura y cierre del caladero para estas especies y el establecimiento de medidas de conservación, pesca y control, sea resuelto por el organismo nacional” y no por cada provincia como se venía haciendo hasta el momento.
“Hay un intento de pasar por encima de las autonomías provinciales, y de pasar por encima de todo un orden jurídico, desde leyes, hasta las constituciones, tanto la de Río Negro, como la de la Nación Argentina”, señaló Casadei.
Por lo tanto, ambos legisladores rechazaron “toda medida que posibilite o habilite cualquier eventual apertura en aguas de jurisdicción provincial”. Se basaron en la Ley 24.922 (Régimen Federal de Pesca), que en su artículo 3 establece que «las provincias con litoral marítimo podrán explorar, explotar, conservar y administrar los recursos vivos que poblaren las aguas interiores y mar territorial argentino adyacente a sus costas». Cabe resaltar, además, que esto se encuentra amparado por el artículo 70 de la Constitución de Río Negro, donde se define a la provincia como propietaria originaria.
“El marco legal es claro y concreto”, aseveran los legisladores y advierten que “no se puede disponer de los recursos naturales sin previo acuerdo”. Por tal motivo, dejan constancia de su contundente rechazo a «un acto que atenta contra el federalismo en sí mismo».
“Son los dueños de los grandes barcos los que están haciendo presión, y acá nosotros hemos trabajado mucho para encontrar un punto de equilibrio, que ha tenido aval de Legislatura, y no queremos este tipo de medidas inconsultas y avasallantes”, señaló Casadei, luego de presentar en la Legislatura el proyecto de comunicación dirigido al Consejo Nacional Pesquero.
“Quieren acordar, en una oficina de Buenos Aires, cuándo y quién explota nuestros recursos pesqueros, y lo que es peor, con consignas que siguen al detalle las exigencias de los grandes empresarios del sector”, concluyó.
Vale recordar que el Artículo 70 de la Constitución de la Provincia de Río Negro establece: “La Provincia tiene la propiedad originaria de los recursos naturales existentes en el territorio, su subsuelo, espacio aéreo y mar adyacente a sus costas, y la ejercita con las particularidades que establece para cada uno. La ley preserva su conservación y aprovechamiento racional e integral, por sí o mediante acuerdo con la Nación, con otras provincias o con terceros. La Nación no puede disponer de los recursos naturales de la Provincia, sin previo acuerdo mediante leyes-convenios que contemplen el uso racional del mismo, las necesidades locales y la preservación del recurso y de la ecología”.