La diputada nacional María Emilia Soria anunció que presentará una denuncia penal por abuso de la autoridad contra los firmantes del decreto de recorte de asignaciones familiares, que son la vicepresidenta Gabriela Michetti, el jefe de Gabinete Marcos Peña y ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Alberto Jorge Triaca.
La parlamentaria expuso que la denuncia se realizará “en función de la violación al principio de progresividad de los derechos de la seguridad social”.
Para Soria el recorte a las asignaciones familiares “no sólo es un robo a los trabajadores que perderán ingresos genuinos de su salario” sino que además “es una estafa a las pymes que seguirán pagando cargas impositivas de conceptos que ya no van a llegar a los trabajadores”, consignó Diario Legislativo.
“El desprecio por la Patagonia y el interior del país que tiene este gobierno parece no tener límite. La eliminación del beneficio que alcanza a más de 100 mil chicos de la Patagonia y del norte argentino que viven en condiciones desfavorables no puede ser interpretado de otra forma”, expresó la legisladora nacional.
AMPARO JUDICIAL
A instancias del diputado nacional de Río Negro (FPV-PJ), Martín Doñate, y la concejal de Bariloche Ana Marks, la asociación especializada en temas de niñez y adolescencia “Construyendo Proyectos Barriales” (Con.Pro.Bar) de Bariloche presidida por Adriana Haurie, presentará mañana martes un recurso de amparo colectivo y una medida cautelar con el propósito de dejar sin efecto el decreto presidencial 702/18 que recorta las asignaciones familiares de los trabajadores de la Patagonia y otros puntos del país. «Atenta contra las niñas y niños rionegrinos hijos de trabajadores y significa un ajuste a todas luces ilegal e inaceptable» sentenciaron Doñate y Marks.
Como se sabe, el decreto en cuestión afecta a unas 70 mil personas en la provincia de Rio Negro que verán recortados sus ingresos por el concepto de Asignación Familiar en los sueldos tanto del sector público como privado y, según todas las estimaciones oficiales, podrían llegar a un universo de 300 mil trabajadores en toda la Patagonia que perderán un promedio de mil quinientos pesos mensuales.
El escrito elaborado por Doñate, será presentado mañana martes ante Justicia Federal de la ciudad lacustre, y pide la declaración de inconstitucionalidad del decreto firmado por el Presidente Mauricio Macri por ser «una medida violatoria del derecho humano a la seguridad social y contravenir la obligación internacional de progresividad en la protección de los derechos humanos».
La medida cautelar que acompaña el amparo se orienta a frenar de manera inmediata los efectos del decreto hasta tanto de resuelva el fondo del amparo.
Según los fundamentos constitucionales de la medida presentada por ConProBar, a la que adhieren organizaciones dedicadas a la protección de los derechos a la niñez y adolescencia, «existe una obligación y un principio del derecho que impide menoscabar los derechos existentes en materia de seguridad social y que se garantizan en nuestro país por la Constitución Nacional en sus artículos 14 y 75 inciso 22, la Declaración Universal de Derechos Humanos y Pactos Internacionales a los que está adherida la Argentina». (Fuente NoticiasNet/ADN)
