La presidente del Concejo Deliberante, Alicia Paugest, ratificó hoy a las integrantes de la comunidad Tehuelche – Mapuche Traun Kutral que “está la voluntad política municipal, provincial y nacional para la preservación del enterratorio, resolver un posible litigio con los propietarios de las tierras donde se encuentra y obtener la titularidad”.
Lo hizo durante un encuentro del que participaron el jefe del bloque de concejales de Juntos Somos Río Negro, Daniel López y las concejales del Frente de Todos, Marcela Dodero y Vanesa Carmona y la asesora legal de Deliberante, Paula Castro, la subsecretaria de Patrimonio y Cooperación Cultural, Ana Gerón, la directora de Patrimonio y Museos, Romina Rial y Gabriela Constanzo, asesora legal de la dirección de Patrimonio y Museo de la Secretaría de Cultura provincial y Cristina Haedo, Miriam Rosas y Marina Pérez de Traun Kutral, donde se analizó –entre otras cosas- el choque de intereses entre la comunidad y los dueños de los lotes donde se encuentra el enterratorio.
Explicaron que la idea es alambrar por completo el médano, con el fin de resguardar lo que los especialistas consideran una única muestra completa que queda de la cultura indígena. Y también la propuesta de instalar infografías y fotografías sobre todo el proceso de recuperación del enterratorio, el que fue vandalizado a fines de diciembre.
Las mujeres mencionaron que fueron contactadas por una de las vecinas cuyo terreno es parte del cementerio “y nos dijo que ella y otros tres propietarios nos iban a ayudar (económicamente) a alambrar el lugar, a cambio de correr los límites del enterratorio y liberarles sus terrenos”, algo que se negaron a hacer.
De todas maneras, explicó que es el momento de “iniciar el camino de diálogo con los dueños de los lotes vecinos”.
También se trató el protocolo que se debe seguir cuando se encuentran este tipo de sitios y los conflictos que se presentan cuando se descubre un cuerpo.
El punto de discusión está entre la preservación que exigen los antropólogos para determinar fecha de muerte y pueblo al que pertenecen los restos y la de los agentes de criminología que requieren remover los restos óseos (por razones legales) para descartar si se trató o no de un crimen.