Juntos por el Cambio formalizará el ingreso al Congreso de un proyecto que declara la emergencia turística en el país. La iniciativa es de la diputada rionegrina Lorena Matzen, e ingresará a la Comisión de Turismo cuyo presidente es el radical Alfredo Cornejo.
El proyecto original se fue modificando de modo de incorporar elementos de otros proyectos, así como sugerencias del sector afectado, con el cuál hubo numerosos intercambios, con el objetivo de construir una herramienta integral que permita paliar la dramática situación que atraviesa el sector turístico de nuestro país frente a la pandemia del Covid-19.
Mediante 27 artículos, la propuesta intenta declarar la emergencia turística por el período de un año desde la sanción de la Ley, pero sus efectos desde marzo desde la sanción del proyecto y tener efectos de marzo de 2020, al inicio de la declaración del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, decretado por el Poder ejecutivo.
La Ley instituye un régimen extraordinario de emergencia económica, laboral, tributaria y financiera para las empresas que tengan como actividad principal algunas de las actividades conforme a la clasificación internacional uniforme de las actividades turísticas de la Organización Mundial de Turismo.
En tanto, se propone articular un “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo de Turismo Nacional”, que consistirá en la obtención de un “Salario Complementario”, constituido por una asignación abonada por el Estado Nacional para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado.El monto de la asignación será equivalente al 50% del salario neto del trabajador, no pudiendo ser inferior a una suma equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, ni superar el valor de dos salarios mínimos, vitales y móviles, o el total del salario neto correspondiente a ese mes.
También se propone la creación del “Programa de Crédito a Tasa Cero para Prestadores Turísticos” con el objetivo de facilitar a las empresas, monotributistas y autónomos la adquisición de equipamiento de seguridad sanitaria y reformas relacionadas al COVID-19, el sostenimiento y el ajuste a protocolos para retomar la actividad, el pago de servicios públicos y la cancelación de obligaciones crediticias asumidas con anterioridad al 19 de marzo de 2020.
Durante el lapso en que se extienda el estado de emergencia declarado por esta ley los sujetos en ella comprendidos estarán exentos del impuesto a los créditos y débitos bancarios como asimismo lo estarán respecto al pago de anticipos y/o pagos a cuenta del impuesto a las ganancias y de retenciones y percepciones vinculadas tanto a dicho impuesto como al IVA correspondientes al ejercicio fiscal 2020.
Asimismo, el proyecto propone que se generen mecanismos vinculados a libre disponibilidad de créditos fiscales para cancelar obligaciones con el Estado, en especial en lo vinculado al IVA de no residentes que afecta fuertemente al turismo receptivo.
La reglamentación pretende que durante la vigencia de la misma, no se podrán promover procesos de ejecución fiscal, quedando en suspenso los ya iniciados, al igual que las medidas cautelares y de ejecución ya despachadas.
El proyecto también incorpora un mecanismo para resolver las cuestiones vinculadas a cancelaciones ocurridas y venideras, a raíz de la pandemia, promoviendo las reprogramaciones de los viajes y estableciendo una reglamentación para las devoluciones que permita conciliar los derechos de los consumidores con la dura situación económica del sector.
Cornejo destacó que -a diferencia de otros proyectos- esta propuesta contempla ayudas para el sector sin diferenciar el tamaño de las empresas en tanto la crisis afecta a la totalidad del sector.
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