El secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), Juan Ortiz, se refirió a la compleja situación que atraviesan los ex trabajadores de la planta pesquera Río Salado, empresa que cerró en el marco de la emergencia pesquera, dejando importantes deudas salariales e indemnizatorias.
Ortiz explicó que la firma, que se encontraba concursada, decidió cesar sus actividades y retirarse sin abonar las quincenas adeudadas ni las indemnizaciones correspondientes. Posteriormente, envió telegramas de despido sin causa, situación que derivó en la caída y suspensión del proceso productivo aprobado en su momento —alrededor del año 2010—, junto con los permisos de pesca asociados.
Ante este escenario, los trabajadores iniciaron acciones legales para reclamar lo adeudado. Según detalló el dirigente sindical, los reclamos judiciales comenzaron a tramitarse hacia septiembre de 2024 y continúan en curso. En ese marco, se solicitaron dos medidas cautelares, una de las cuales ya obtuvo un fallo favorable, mientras que la segunda se encuentra a la espera de resolución una vez finalizada la feria judicial.
Ortiz señaló que, mientras se desarrollaba el conflicto, los trabajadores atravesaron una situación económica “muy difícil”, aunque recibieron asistencia tanto del municipio de San Antonio Oeste como del Ministerio de Desarrollo Social provincial, lo que permitió afrontar el período hasta acceder al seguro de desempleo.
En relación con la aparición de un supuesto inversor interesado en reactivar la planta, el dirigente sindical manifestó cautela y preocupación. Indicó que esta persona habría gestionado la ocupación del establecimiento a través del síndico, pero recordó que la autorización para operar depende de la provincia y del municipio, dado que la planta se encuentra en jurisdicción municipal. “Lo primero que quieren los trabajadores es que se pague la deuda; después hablaremos de trabajo”, enfatizó.
Asimismo, Ortiz cuestionó la falta de definiciones claras por parte de las autoridades provinciales, particularmente del área de Pesca, y consideró que no deberían otorgarse nuevos permisos hasta que se regularice la situación laboral y salarial de los trabajadores afectados. Remarcó que, en el marco de la emergencia pesquera, deben respetarse las normativas vigentes establecidas en 2024, que limitan la operatoria industrial en la costa y fijan cupos específicos de captura, como las mil toneladas de merluza y el permiso de un solo barco que tenía asignado el proyecto original.
El referente del STIA informó que actualmente son cerca de 70 los trabajadores que mantienen demandas judiciales contra la ex empresa, aunque el proyecto original contemplaba la generación de entre 90 y 120 puestos de trabajo. También aclaró que dicho proyecto no preveía la tercerización mediante cooperativas, sino empleo directo con plenos derechos laborales.
Finalmente, Ortiz sostuvo que cualquier intento de reactivación debe analizarse en el ámbito del Consejo Asesor Pesquero, para garantizar una decisión integral que contemple la situación de los trabajadores, el recurso pesquero y las responsabilidades de la empresa, la provincia y el municipio. “Debemos defender el empleo y no permitir que se convalide un fraude contra los trabajadores”, concluyó.
