El proyecto de la legisladora de San Antonio Oeste, Marcela Rossio, ha generado un fuerte llamado al Poder Ejecutivo Nacional y a la Agencia Nacional de Discapacidad para que rechacen rotundamente las modificaciones propuestas al decreto reglamentario de la Ley Nacional 24.901 (Nº1193/98).
Estas modificaciones, contenidas en el Proyecto de Decreto Nº IF-2024-47522959-APN-DE#AND, podrían impedir que las personas con discapacidad reciban atención de servicios categorizados por el Estado o de profesionales, independientemente de su condición económica. Esto representaría un grave retroceso en la igualdad y calidad de vida de este grupo en Argentina.
El Foro Permanente Discapacidad, Promoción y Derechos, formado en 1997 por diversas instituciones comprometidas con los derechos de las personas con discapacidad, se ha movilizado completamente y se mantiene en alerta ante el avance de este decreto. El Foro, que se ha consolidado como un espacio de reflexión y acción conjunta, defiende la universalidad y obligatoriedad de la cobertura para las personas con discapacidad, tal como lo establece la Ley 24.901.
Esta ley garantiza un sistema de prestaciones básicas de atención integral para personas con discapacidad, cubriendo desde prestaciones preventivas y de rehabilitación hasta terapéuticas educativas y asistenciales. Las obras sociales están obligadas a cubrir estas prestaciones, y en los casos donde las personas no están cubiertas por obras sociales, el Estado debe asumir la responsabilidad a través de sus organismos. Sin embargo, las modificaciones propuestas al decreto 1193/98 podrían desregularizar este sistema, afectando negativamente a miles de personas que dependen de estos servicios.
El Foro advierte que estas modificaciones destruirían un sistema que, pese a la crisis económica actual, ha asegurado hasta ahora la atención igualitaria sin importar la condición social de los beneficiarios. Además, destaca que los profesionales que trabajan en este ámbito, especialmente aquellos dedicados al transporte de personas con discapacidad, ya enfrentan serios problemas de financiamiento y atrasos salariales, llevándolos al borde del colapso.
En las provincias del interior, donde las distancias son significativas, los prestadores de asistencia y transporte juegan un rol crucial al proveer alimentos y otros insumos esenciales. Cualquier cambio que desestabilice este sistema agravaría aún más la situación de estos prestadores y, por ende, la de las personas con discapacidad a quienes sirven.
La comunidad involucrada en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad sigue atenta y activa, buscando asegurar que no se retroceda en los logros alcanzados y que se continúe protegiendo y mejorando la calidad de vida de este sector de la sociedad argentina.
