En San Antonio Oeste, el secretario general del SPIQyP, Ariel Castillo, se refirió a la delicada situación que atraviesan los trabajadores de ALPAT, en medio de incumplimientos salariales, problemas productivos y un escenario de creciente incertidumbre.
El dirigente sindical señaló que la realidad de la empresa “no escapa a la situación general del país”, y apuntó contra el contexto económico que, según explicó, afecta directamente la producción local. “Se abrieron los mercados externos y hoy no se puede competir. Eso impacta en las ventas y arrastra toda la actividad”, sostuvo.
Frente a este panorama, Castillo remarcó que el gremio mantiene su compromiso con los trabajadores, priorizando la defensa de los puestos laborales, las condiciones de seguridad y la estabilidad económica de las familias. “No podemos detener todo ni quedarnos esperando. Tenemos que encontrar la forma de sostener la fuente laboral y acompañar a los compañeros en un contexto de incertidumbre permanente”, expresó.
El conflicto derivó en una medida de fuerza iniciada el viernes pasado, en respuesta a la falta de pago de salarios y otros conceptos adeudados. Sin embargo, tras la intervención de la autoridad laboral, se dictó la conciliación obligatoria, que fue acatada por el gremio.
Posteriormente, se desarrolló una audiencia en la que la empresa presentó un compromiso de pago que incluye no solo los salarios pendientes, sino también sumas no remunerativas, retroactivos y premios. No obstante, la reunión pasó a un cuarto intermedio para que los trabajadores evaluaran la propuesta en asamblea.
Según explicó Castillo, el primer compromiso asumido por la empresa establece que el jueves 19 deberá completarse el 30% restante del salario mensual, junto con el pago total de los conceptos adicionales adeudados. En tanto, una segunda cuota está prevista para el 31 de marzo. El dirigente advirtió que el acuerdo contempla una cláusula clara: en caso de incumplimiento, se retomarán de inmediato las medidas de fuerza.
Uno de los puntos más sensibles planteados por el gremio es el estado de los equipos y las condiciones de seguridad dentro de la planta. Castillo indicó que existen máquinas en situación crítica, lo que no solo afecta la producción sino que incrementa los riesgos laborales. “Hoy los trabajadores tienen que extremar cuidados porque los equipos están al límite. Tareas que antes se hacían en una hora ahora demandan mucho más tiempo”, explicó.
En ese sentido, remarcó que se reforzó el rol de los delegados en cada turno para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad. “Ante cualquier falta de elementos de protección o situación de riesgo, el trabajo no se realiza”, afirmó. Asimismo, se exigió a la empresa la provisión de indumentaria y elementos de protección personal, que también presentan demoras.
Otro eje de conflicto es la situación de las obras sociales. El sindicato reclama la regularización de los aportes tanto a sistemas sindicales como a prestadoras privadas, entre ellas OSPECOM. “Es un tema no menor. Tiene que ver con la salud de los trabajadores y sus familias”, subrayó Castillo, quien aseguró que la empresa se comprometió a normalizar estos pagos.
Falta de decisiones desde Buenos Aires
El titular del SPIQyP también cuestionó la falta de definiciones por parte de la conducción central de la empresa, con sede en la capital del país. Según indicó, muchas de las decisiones clave no se resuelven a nivel local. “Acá hay diálogo con los gerentes, pero las decisiones se toman en Buenos Aires. Necesitamos que el gerente general o los accionistas bajen y den garantías concretas”, reclamó.
En ese marco, señaló que la propia empresa reconoció limitaciones productivas debido al estado de los equipos, y que se presentó un plan de mantenimiento y actualización que aún está pendiente de ejecución.
Castillo describió un escenario de fuerte preocupación entre los trabajadores, atravesados por la inestabilidad salarial y la falta de previsibilidad. “No es solo el sueldo, es la incertidumbre de no saber qué va a pasar, si se va a cumplir con los pagos o no”, explicó.
Actualmente, alrededor de 450 personas —entre trabajadores dentro y fuera de convenio— dependen de la actividad de la planta. El sindicato insiste en la necesidad de garantizar la continuidad laboral y evitar despidos, tal como se había comprometido la empresa en instancias anteriores. Además, el dirigente advirtió que se aproxima un nuevo invierno y que aún no hay definiciones sobre medidas de asistencia como las implementadas el año pasado, lo que incrementa la preocupación en el sector.
Finalmente, Castillo destacó que el gremio mantiene una mesa de diálogo permanente, aunque reconoció que la situación es dinámica y compleja. “Es un día a día. Esperamos que esta vez la empresa cumpla, pero seguimos gestionando para tener garantías reales”, concluyó.
El conflicto en ALPAT continúa abierto, con plazos inmediatos que serán determinantes para evitar una nueva escalada de medidas de fuerza y para dar certezas a cientos de familias de San Antonio Oeste.
