Legisladores del Frente de Todos criticaron con dureza el amparo presentado por los diputados nacionales de Juntos por el Cambio para impugnar la última sesión de la Cámara baja del 1° de septiembre. Entre otros proyectos, el Parlamento aprobó ese día la Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional, que ahora quedó en suspenso hasta que se expida la Justicia.
“El macrismo encabeza un intento más por desestabilizar al Gobierno nacional. Se trata de impedir el legítimo ejercicio del gobierno por cualquier medio, y a la vez generar permanentes focos de conflicto. Han convocado un promedio de dos concentraciones por mes, desoyendo un Decreto presidencial y provocando una multiplicación de contagios que día a día estamos viendo. Ahora parecen empeñados en impedir el funcionamiento del Congreso”, señaló la presidenta del bloque legislativo del Frente de Todos, María Eugenia Martini.
La sanción de la Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional es una norma esperada por uno de los sectores más golpeados por el freno impuesto a la actividad por la pandemia en marzo. Se estima además que será uno de los últimos en reactivarse cuando se levanten las medidas de aislamiento que restringen el tránsito de personas.
El Turismo emplea a más de 500 mil trabajadores asociados en la parte hotelera y gastronómica, y genera más de un millón de puestos de trabajo directo.
En Río Negro la aplicación de la normativa tendría un efecto alentador para el Turismo en términos de recuperación económica, dado que representa el 35 % del producto bruto provincial y genera más de 45 mil puestos de trabajo directos.
Según una Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) conocida en junio de 2020, la actividad hotelera ya había sufrido para entonces una caída interanual de más del 90 % como consecuencia de la pandemia.
La Ley de reactivación de la actividad turística supone una inversión del Estado de más de 70.000 millones de pesos para el sector, junto a un paquete de medidas impositivas, fiscales y crediticias que incluye a los operadores turísticos en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) hasta 31 de diciembre de 2020, entre otros beneficios.
La ley contempla también beneficios para los consumidores y establece un bono fiscal vacacional para familias cuyos ingresos mensuales no superan el equivalente a cuatro salarios mínimos, apuntando a la recuperación del turismo interno.
El escrito judicial presentado este lunes con la firma de los diputados nacionales, referentes del macrismo, Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) pide que la Justicia «declare la nulidad absoluta e insanable de la decisión de Labor Parlamentaria de fecha 1° de septiembre de 2020, que dispuso la Prórroga del Protocolo de Funcionamiento de Parlamentario Remoto, aprobado el 13 de mayo de 2020», provocando con esto una demora en la aplicación de la Ley y perjudicando aún más al sector turístico que ya ha sufrido pérdidas incalculables.
«Es una actitud irracional que pone en riesgo la institucionalidad y la democracia”, apuntó María Eugenia Martini, “además de dejar sin Ley de Emergencia a miles de trabajadores del Turismo. Pero es evidente que nada de eso les importa».
Los legisladores Martini, Alejandro Ramos Mejía, Ramón Chiocconi y Luis Noale recordaron que el Gobierno nacional ya ha tomado medidas para auxiliar al sector turístico durante la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. Entre ellas, el Fondo de Auxilio para prestadores turísticos (Aptur), un aporte directo de sostén económico a quienes perdieron sus fuentes de ingresos por la emergencia sanitaria.
En el mismo sentido, el Frente de Todos en Río Negro presentó meses atrás el proyecto de Ley Nº 204/2020 que declara el Estado de Emergencia para la actividad turística en el territorio provincial hasta el 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, esta iniciativa no tuvo aún tratamiento parlamentario.
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