Los números de Vaca Muerta Sur son impresionantes. Para quienes no están inmersos en el sector energético, es difícil dimensionar la magnitud de la inversión que ya comenzó en la región, incluso antes de obtener el permiso provincial.
El gobernador Alberto Weretilneck está a punto de cerrar un acuerdo que incluiría el pago de tasas, el uso del suelo y las costas rionegrinas, aplicable tanto a YPF como a PAE. Este marco regulatorio tiene su base en normativas aprobadas a finales de 2024.
Es sabido que el sector energético genera rentabilidades extraordinarias, especialmente bajo el esquema económico que promueve el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, Río Negro enfrenta un desafío crucial: la necesidad de desarrollar infraestructura y servicios para acompañar estos megaproyectos. Actualmente, no cuenta con los fondos necesarios y espera el financiamiento de CALF para obras de agua. Además, deberá ampliar su capacidad educativa, sanitaria y de seguridad, tal como lo expresó esta semana el propio mandatario provincial.
Los municipios de San Antonio y Sierra Grande tienen grandes expectativas respecto al desarrollo de Vaca Muerta Sur. También ven con buenos ojos la posibilidad de recibir parte de ese 1% de las inversiones, lo que podría traducirse en generación de empleo, especialmente en el sector de la construcción.
En este contexto, las regalías representan una fuente clave de ingresos, particularmente en un año electoral. Weretilneck habló de la necesidad de una “compensación justa”, similar a la que recibe Neuquén. Refirió en una entrevista “la utilización de sus rutas, tierras y el Golfo San Matías, un recurso que –según destacó– pertenece a todos los rionegrinos”.
Esta semana se realizarán reuniones en Buenos Aires, con la participación del intendente Adrián Casadei, donde podrían surgir novedades sobre las inversiones en GNL y su impacto en San Antonio.
Por otra parte, la distribución de recursos coparticipables sigue siendo un punto de conflicto. La Municipalidad de San Antonio viene reclamando una actualización de la coparticipación, argumentando que los ingresos actuales no reflejan el crecimiento poblacional registrado en el último censo. Weretilneck ya anunció, en la apertura de sesiones del 1 de marzo, que implementará nuevos índices basados en los datos del INDEC, lo que modificaría significativamente la distribución de fondos entre los municipios.
“No recibimos lo que nos corresponde”, afirmó Casadei en medios locales, denunciando que San Antonio –a pesar de estar entre las ocho ciudades más pobladas de la provincia– recibe proporcionalmente menos recursos que otras con menor cantidad de habitantes.
La polémica sobre el censo sigue abierta: muchos cuestionan sus resultados y creen que la población real de los principales centros urbanos de la región es mucho mayor a los casi 30 mil habitantes registrados oficialmente. No obstante, desde el gobierno provincial insisten en que solo pueden guiarse por los datos del INDEC.
Mientras Río Negro busca garantizar su lugar en el reparto de beneficios de Vaca Muerta Sur, queda claro que el verdadero desafío será transformar los números en desarrollo concreto para la provincia y sus comunidades.
