Vamos a hacer un repaso de algunas ordenanzas que tienen como protagonista a la ex Galme Pesquera.
El 8 de julio del año 2020, la ordenanza 5988 fue aprobada por unanimidad bajo el título “Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble designado catastralmente como 17-1-C-131-01 (Ex Galme Pesquera)…”.
Posteriormente, este año 2024, el 22 de marzo, la ordenanza 7183 también fue aprobada por unanimidad por los actuales ediles con la denominación “Ratifica en todos sus términos convenio suscripto entre la Municipalidad y Transporte NQNCBA S.A.S. para demolición, retiro y disposición final de las ruinas existentes en el inmueble identificado catastralmente como 17-1-C-131-01 (Ex Galme Pesquera)”.
Le siguió otra ordenanza, la 7224, aprobada también por unanimidad, que afecta las manzanas 130 y 131 de la sección C de la planta urbana de SAO para el uso público, en concordancia con la Ordenanza Nº 5624, Código de Ordenamiento Territorial y Código de Edificación.
La última ordenanza fue aprobada por mayoría simple e implica incorporar la manzana 130, sección C, lote 1 a la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación. Este fue uno de los puntos de objeción de los ediles de la oposición, más allá de las otras mencionadas que sí apoyaron. Justamente, la 7262 es la que se discute si se puede incorporar por esta mayoría simple o si se necesitan los dos tercios.
El presidente del Concejo Deliberante, Daniel López, declaró que al tratarse de una incorporación a la ordenanza anterior, no se necesitan los dos tercios. En cambio, los opositores sostienen lo contrario.
Cabe mencionar que en abril del año 2017 se realizó un edicto, aprobado por el Concejo deliberante de ese entonces, el cual se publicó en varios diarios, el mismo señalaba “con el objetivo de convocar a quien crea detentar derechos sobre el edificio que perteneció a la empresa pesquera Galme…”. En ese contexto hubo un recurso de amparo respecto a la situación dominial del edificio de la Ex Galme pesquera, expediente 1922/18, afirmando ante el Juzgado Civil 9 que establece nadie se presentó a reclamar ese sitio.
Ni siquiera la empresa fantasma creada en uruguay, Tifán SA, a nombre de la familia Traballoni, que en el remate de Galme Pesquera del año 1997, se quedó con la planta pagando 170 mil pesos, dinero obtenido de préstamos del desaparecido Banco Provincia de Río Negro, según consta en los informes de la comisión de lavado de dinero de la Cámara de Diputados de la Nación.
¿Qué sucedió entre el 31 de mayo de este 2024 hasta la semana pasada? Según el oficialismo, horas antes de que se trate la ley de expropiación en la legislatura, aparecieron intereses externos que, al parecer, solo buscan trabar cualquier iniciativa del gobierno municipal.
También cree el gobierno que la posibilidad que hayan comenzado a obstaculizar las iniciativas para hacer política, y con esto vieron la oportunidad de hacer denuncias penales. Seguramente habrá varias; eso es indudable. Es una forma de hacer precisamente política, algo que sucede en muchos estados comunales, provinciales y a nivel nacional, donde oficialistas y opositores se enfrentan más en los estrados penales que en las urnas.
También es evidente que los factores externos y los intereses económicos están a la orden del día, especialmente cuando las rivalidades vienen con enfrentamientos del pasado.
Esta semana, seguramente, aparecerán actores de un lado y del otro a vociferar las actuaciones a favor y en contra de la situación planteada por la legisladora Yolanda Mansilla de RN1 en el recinto legislativo.
A pesar de ello, la votación fue ampliamente favorable para la municipalidad sanantoniense, logrando 32 votos para la expropiación, además del respaldo de todos los legisladores de la zona atlántica de ambos lados.
Casadei percibió que buscan llevarlo al «ring» de la pelea política y seguramente lo hará. Todo lo que aparecerá de ahora en más, como se suele expresar “será de manual”, enfrentamiento oficialismo – opositores y, quizás, empresarios, estableciendo pautas de acción para defenderse de los ataques mediáticos que aparecerán en los próximos días. Nada nuevo que ya no haya acontecido.
Esta semana se supo que hubo un 55% de pobreza en el país. San Antonio y sus localidades no escapan a esta situación. Hay un incremento de la delincuencia, algo que sucede a nivel nacional y que también afecta a nuestras comunidades; incluso va de la mano con el consumo de estupefacientes.
La asistencia social es un problema debido a la falta de financiamiento; sin embargo, Desarrollo Social provincial y municipal trabajan para resolver muchas de las necesidades de vecinos que no llegan a fin de mes o no pueden afrontar el pago de servicios.
Sería importante que, en esta parte de la política, todos sean actores. Aparentemente, el objetivo para varios es otro.
