Como veníamos advirtiendo, la crisis pesquera en San Antonio Oeste ha tomado un rumbo preocupante. Las manifestaciones de los trabajadores de las plantas industriales, el cierre de una de ellas y su conversión en cooperativa, solo son el principio de una situación que, contrario a lo que plantean las autoridades, está lejos de llegar a su punto medio.
Lo que acontece en la actualidad augura un aumento en la carestía que pronto derivará en una crisis social, un escenario que la clase política aún no comprende en su totalidad. Muchos de los participantes en las negociaciones parecen no entender la gravedad del panorama que se vislumbra para los obreros, quienes hasta ahora contaban con un salario garantizado que apenas les permitía subsistir y sostener a sus familias.
El trabajo en una pesquera es extremadamente arduo, llevado a cabo en condiciones rigurosas y adversas, con jornadas que comienzan desde las primeras horas de la madrugada, tanto en invierno como en verano. Esta realidad justifica la necesidad de anticipar las jubilaciones, debido a los severos ambientes laborales que afectan la salud de los trabajadores.
El cambio del convenio colectivo de trabajo hacia el modelo cooperativo resulta en una pérdida de derechos, sin lugar a dudas. Al convertirse en monotributistas sociales o cooperativistas, los trabajadores quedan prácticamente desprovistos de aportes, obra social, salario garantizado, aguinaldo o jubilaciones superiores al mínimo establecido.
Si bien es comprensible que los empresarios busquen obtener ganancias, resulta inaudito que las autoridades políticas apoyen medidas que conducen a la disminución de derechos laborales. Es alarmante que esta situación se repita en la provincia, tal como se ha mencionado en distintos medios de comunicación.
Además, la declaración de emergencia pesquera marítima en la provincia acarreará mayores complicaciones, ya que la falta de empleo en otras áreas ya se empieza a sentir. Incluso aquellas cooperativas, ya sean recuperadas o de nueva creación, están sufriendo las consecuencias de políticas implementadas en el pasado, en las cuales muchos empresarios, actores de la economía primaria, gremialistas y políticos fueron cómplices.
La mayoría permitió que la Ley de Pesca fuera vulnerada, ignorando las resoluciones que protegían las normativas y sabiendo que esto conduciría a la destrucción de la biomasa del Golfo San Matías. Cuando se vislumbró el futuro sombrío que se avecinaba, muchos de ellos abandonaron sus puestos.
Es fundamental que las autoridades asuman su responsabilidad y tomen medidas efectivas para abordar la crisis pesquera de manera integral y justa. La solución requiere una colaboración activa entre el sector empresarial, los trabajadores, los representantes gremiales y los políticos, en aras de preservar el empleo, los derechos laborales y el sustento de las familias afectadas.
Lo que se inició esta semana, es la punta del ovillo de una larga madeja de conflictos de una importante crisis social que está en ciernes. (Carlos Aguilar, editor)