El gobierno rionegrino suma dolores de cabeza cada semana. El lunes arrancó con cambio de nombres en la cartera educativa, a la vez que se conoció dentro de ese ministerio, la denuncia de la oposición del pago millonario por un servicio de transporte escolar de Bariloche, a una supuesta empresa, cuyo titular aparece con «dirección en Viedma», la misma que la de una funcionaria de Educación de la ciudad andina.
Es una contratación directa, por 63 millones de pesos, un supuesto empresario que tenía 19 años cuando comenzó el desfalco, por mayo del 2019. Según el ministerio, se investiga esta situación desde el mes de abril, pero no comunicaron nada al respecto, ni sancionaron en el momento a la funcionaria. A pesar que todo contrato había salido publicado en el boletín oficial.
El gobierno con el nombramiento de Núñez, buscará darle otro aire, aunque el propio funcionario nombrado señaló que era mucho lo que tendrá bajo la conducción en Educación, eso da la pauta que antes de ingresar va a realizar una revisión exhaustiva y que no haya falencias en la cadena de intervenciones, para que no suceda lo que aconteció en Bariloche y aparezca otro caso.
El otro problema que se acrecienta, es el personal de Salud. ASSPUR toma fuerza en los hospitales. Otra vez el ida y vuelta con el llamado al diálogo enojó a los hospitalarios. La interrupción de la reunión, fue por el llamado de la conducción de ATE, dónde le recalcó al gobierno que no tienen personería sindical los integrantes de la Asociación que conduce Cesira Mullaly, por ello la suspensión.
A pesar que un día después, les solicitaron que se sienten esta semana en el Ministerio de Trabajo, a discutir la elaboración Convenio Colectivo. Las acciones establecidas continuarán, ya que el reconocimiento gremial no va a ser y el ejecutivo rionegrino no se va a sentar a discutir salarios con ASSPUR. Esto va para largo.
Pero el otro inconveniente que llegaría a tener el gobierno, está sectorizado a la pesca, economía primaria importante para estos lados. La nueva ley no convence a muchos. El tema de las cuotas en la pesquería trae “sordos ruidos”.
El primer taller para explicar al sector, contendrá el tema del cambio del cupo a la cuota. Es lo que pretenden imponer. Está plasmado en el proyecto de ley prestablecida presentado, que según señalaron, podrá ser “mejorada” con aportes de los intervinientes en el Consejo Provincial Pesquero.
Los mismos empresarios, dueños de barcos y algunos gremios, dialogaron entre bambalinas, tras la reunión del viernes pasado, una de las frases comunes fue que se deja la puerta abierta para generar perjuicios a varias familias pesqueras de San Antonio, aquellas que poseen barcos y que no le podrán conceder esas cuotas.
Enfatizaron desde el ministerio, que las cuotas se darán a empresas y aquellos que tengan sus proyectos concluidos. Esto presupone la posibilidad a que muchos locales no tengan pleno acceso al caladero y se queden afuera de este marco regulatorio.
La ley no es una política pesquera. Río Negro nunca tuvo una que establezca un rumbo. Por lo que se nota últimamente, es que la nueva normativa establecería esa política, la que instituye sus prioridades y a veces avanza por sobre los intereses de una comunidad que basa su economía en lograr su sustento diario.
La política muchas veces no sabe del esfuerzo de los hombres de mar. No pueden ponerse en su lugar, porque nunca pasaron por esa situación. Verlo desde el escritorio es muy diferente.