Hubo una lucha importante por la remediación ambiental y desterrar los pasivos contaminantes provenientes de los residuos de la ex Geotecnia en San Antonio Oeste. Vecinos comprometidos dejaron tiempo, recursos y esfuerzo por el bien común.
La misma Municipalidad, a lo largo de distintas administraciones, participó activamente en la búsqueda de una solución: se realizaron solicitudes al gobierno nacional, se gestionaron créditos tanto nacionales como internacionales. Hubo una enmienda parcial en la zona del acceso a la ciudad, pero aún quedan sectores donde persisten materiales contaminantes, a la espera de una remediación definitiva.
Se concretaron acciones en las dos manzanas donde funcionaba la fundición, material contaminante trasladado a Mancha Blanca, donde se lo confinó en una celda de seguridad entre varias otras acciones.
Todo el proceso fue seguido de cerca por los vecinos agrupados en la Multisectorial, con múltiples instancias judiciales: amparos, idas y vueltas legales, y sentencias que buscaron garantizar la protección ambiental.
Lo ocurrido esta semana —la utilización de material proveniente de la zona previamente remediada por plomo contaminante— constituye una grave irresponsabilidad por parte del funcionario que ordenó el movimiento de tierra y permitió su depósito en otro sector.
A pesar de la defensa realizada en una conferencia de prensa —que terminó siendo un acalorado debate entre vecinos, concejales y funcionarios—, lo que corresponde, más allá del resultado de los análisis que se están realizando sobre los montículos, es la remoción del material y la restauración del lugar. Así lo exigirá la Justicia.
El fallo del amparo es claro al señalar: “Deben evaluarse las consideraciones referidas al principio de prevención y al principio precautorio del daño ambiental, ante la posible creación de un riesgo con efectos desconocidos y por tanto imprevisibles.”
El intendente Casadei está de licencia y, como establece la Carta Orgánica, lo reemplaza el presidente del Concejo Deliberante. Ahora, López no solo deberá asumir las consecuencias del posible daño ambiental causado, sino también enfrentar el daño político generado por esta insensata acción del funcionario que tomó la decisión.
Durante la conferencia de prensa, Echeverría intentó contextualizar la situación. Pero quien debía dar la cara no era con el secretario de Gobierno, Hermo, sino Millán, secretario de Servicios Públicos, y además un asistente de su área fue quien habría agredido al concejal Rodríguez.
El ejecutivo, en lugar de intentar contener la crisis, debió reconocer el error cometido, y el responsable asumir las consecuencias.
Seguirán los pedidos de informes, las solicitudes de interpelación, las acciones judiciales y toda la andanada legal correspondiente. Pero antes de que eso ocurra, quien se equivocó debe dar un paso al costado. Porque lo verdaderamente grave es que, más allá del resultado de los estudios que se esperan desde Buenos Aires, se ha puesto en riesgo la salud ambiental de una zona urbana por donde transitan diariamente decenas de familias.
